Termina disputa entre el Botho y Rosario Capula

Ejidatarios de El Botho serán indemnizados con 10 mdp, mientras que los de Capula recibirán 19 mdp para comprar tierras de siembra.
Autoridades estatales y federales confirmaron los acuerdos.
Autoridades estatales y federales confirmaron los acuerdos. (Cortesía)

Pachuca

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) federal, y el gobierno del estado de Hidalgo terminaron con el conflicto agrario de 28 años entre El Botho, del municipio del Cardonal y Rosario Capula, de Ixmiquilpan.

Tras el acuerdo entre las partes, los 115 ejidatarios de El Botho recuperaron sus 102 hectáreas de tierra y serán indemnizados por el gobierno del estado con 10 millones de pesos.

Mientras que 75 familias de Rosario Capula, recibirán del gobierno federal 19 millones de pesos para comprar 110 hectáreas de tierra para sembrar.

En tanto, el dirigente estatal de la Central Campesina Cardenista (CCC), Juan Carlos Ramírez Díaz, representante de El Botho, aseguró que los ejidatarios quedan conformes con el acuerdo alcanzado: “era lo que querían fundamentalmente, ya recuperar sus terrenos que desde 1983 por resolución presidencial se les entregaron y venían trabajando. Ellos están puestos para volver a trabajar”.

Indicó que están dispuestos a volver a trabajar sus tierras además de realizar algunos arreglos en los canales de riego, “reparar las compuertas que destruyeron estos amigos y trabajar en general sus terrenos”.

Subrayó que el gobierno del estado los apoyará con algunas obras como un pozo de riego, construcción de invernaderos, agua potable y terminar de construir un auditorio; además, confió que con el acuerdo alcanzado no vuelvan a tener invasión de sus tierras de cultivo.

“Los compañeros se van a dedicar a trabajar, siento yo que no va a volver a surgir (una invasión)”.

Destacó que el convenio conciliatorio se haya elevado a una sentencia del Tribunal Unitario Agrario, “y así exista el compromiso de respeto de nuestro estado de Derecho y mantener la paz social”.

Dijo que existe el compromiso de los ejidatarios de hacer producir sus tierras con maíz, frijol, árboles frutales y alfalfa: “con esta producción impulsarán el desarrollo regional y así obtener ingresos para sus familias”.

Por su parte, la dirigente estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Martha López Ríos, representante de los habitantes de Rosario Capula, señaló que más allá de que haya un ganador o un perdedor, las dos partes salen ganando.

“Los compañeros del Rosario Capula se habrán de constituir en un nuevo ejido, este habrá de servir para dejar como herencia a las futuras generaciones una tierra que será incorporada al régimen social”, sostuvo.

Subrayó que lo más importante es que las familias quedaron conformes con el acuerdo.

López Ríos agradeció la confianza para que la UNTA representara a las familias de Rosario Capula desde hace cuatro años.

“Hoy inicia una nueva historia para este pueblo al decidir la conformación de un nuevo núcleo ejidal y que no haya equivocaciones, hoy no les pagan tierra, hoy adquieren tierra”.

En este sentido, destacó que con la adquisición de tierra se habrá de requerir la intervención nuevamente de las autoridades del sector agrario, “pues necesitamos convertir la tierra que habrán de adquirir del régimen privado a la propiedad social”.

“Lo más importante en este conflicto es el haber coadyuvado todas las partes para poder construir una salida que permitiera reconstruir la paz social en el Valle del Mezquital”, agregó la líder campesina.

Por otra parte, Martha López pidió al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, en su visita a Hidalgo, reconsidere los actuales lineamientos del Programa de Atención Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer).

“Ya que condicionan la incorporación de un asunto a la existencia de una sentencia definitiva ya sea agraria o judicial, toda vez que se justificaría el uso y abuso de la fuerza pública para el desalojo de alguna de las partes, así como la aplicación retroactiva a los asuntos que ya están aprobados”.