Sanción a 401 servidores públicos de Tamaulipas

La titular de la Contraloría del Estado precisó que las causas van desde negligencia, mal uso de vehículos, desatención a alguna norma derivadas de las auditorías.
El Gobierno de Tamaulipas ha tenido que sancionar a sus servidores públicos por incumplimiento de reglamentos.
El Gobierno de Tamaulipas ha tenido que sancionar a sus servidores públicos por incumplimiento de reglamentos. (José Luis Tapia)

Tamaulipas

La Contraloría Gubernamental en Tamaulipas, en lo que va del sexenio, ha sancionado a 341 servidores públicos, así como ha destituido a nueve e inhabilitado a 51, reveló la titular, Gilda Cavazos Lliteras.

"La sanción más fuertes definitivamente es destitución, que aquí tenemos 9; sanciones económicas 10 e inhabilitaciones 51; la inhabilitación puede ser por un periodo determinado o por 10 años".

Las causas, precisó, van desde negligencia, mal uso de vehículos, desatención a alguna norma derivadas de las auditorías de las instrucciones que da la Auditoría Superior de la Federación y Secretaría de la Función Pública, para llamarle la atención a los servidores que han cometido algunas situaciones de carácter administrativo.

"En todas las observaciones de Auditoría Superior de la Federación, del Estado y la Función Pública, no tenemos alguna situación que haya ameritado que se traslade una responsabilidad a la Procuraduría. Son cuestiones de carácter administrativo".

Por su parte, la Secretaría de la Función Pública reporta que 14 funcionarios públicos de Tamaulipas han sido inhabilitados para ejercer un puesto público durante la actual administración estatal, cifra que representa un incremento al doble de los servidores que tuvieron la misma sanción en el sexenio anterior.

El veto a estos funcionarios va desde 6 meses hasta 10 años. Son 14 servidores del Gobierno de Tamaulipas los que primero fueron retirados de sus funciones y después fueron boletinados en el portal federal para que no puedan ejercer otro cargo en la administración pública.

La mayoría de ellos cometieron negligencia administrativa (ocho casos) y por eso los sancionaron.

Otra de las causas es la violación a las leyes y normatividad presupuestal (tres casos), además por delito cometido por servidores públicos (dos casos) y una por abuso de autoridad.

Del total de inhabilitaciones hechas, 5 tuvieron su origen en una queja o denuncia ciudadana, 5 más por la denuncia de un servidor público, 2 por auditoría de gubernamental, una por una auditoría de órgano interior del control y una por una denuncia penal.

En cuanto al tiempo que estarán fuera de los cargos públicos. La Secretaría de la Función Pública informó que tras la investigación hecha y la resolución dada al respecto se dieron sanciones, según el tipo de daño causado, que van desde los 6 meses hasta los 10 años de inhabilitación.

En este caso, la mayoría tuvo amonestaciones que los han dejado fuera de la administración pública por 10 años al haber cinco casos de este tipo.

Cuatro funcionarios más tuvieron una inhabilitación de 5 años, dos por 2 años, uno por 6 años, otro por 3 años y uno más por 6 meses.

De acuerdo a la sanción que les impusieron, dos de ellos terminarán su castigo hasta marzo de 2025. Respecto al sexo de los servidores vetados, de los 14 sancionados: 9 son hombres y 5 son mujeres.

Todos ellos han sido inhabilitados en el periodo que abarca del 1 de enero del 2011 hasta el 26 de abril del año en curso.

La primera inhabilitación ocurrió el 16 de mayo de 2011 y la última se presentó el 17 de julio de 2015, es decir que en lo que va del 2016 no se ha presentado ninguna sanción, ni siquiera empezado algún proceso.

Con esta cifra, de 14, se observa un incremento de funcionarios inhabilitados, comparado con la administración estatal anterior 2006-2010.

En ese sexenio se sancionaron a un total de siete servidores públicos, seis por un periodo de 10 años de inhabilitación y uno por 8 años. Así que la mayoría se les termina el veto en los próximos años 2017, 2018 y 2019.

Seis castigos fueron a raíz de quejas ciudadanas y una por investigación interna. En cuanto a los motivos, 4 fueron por violación a las leyes y normatividad presupuestal, una por abuso de autoridad y 2 más por cohecho o extorsión.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas en el capítulo segundo denominado "Sanciones administrativas y procedimientos para aplicarlas" correspondiente al título tercero "Responsabilidades administrativas", enumera los castigos que pueden ser impuestos a los servidores públicos.

El artículo 53 señala que las sanciones por falta administrativa consistirán en: apercibimiento privado o público; amonestación privada o pública; suspensión; destitución del puesto; sanción económica; inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

"Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cause daños y perjuicios, será de uno a cinco años, si el monto de aquéllos no excede de cien veces el salario mínimo mensual vigente en la capital del Estado, y de cinco a diez años si excede de dicho límite", refiere.

El artículo 54 refiere que las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta: gravedad de la responsabilidad en que se incurra; circunstancias socioeconómicas del servidor público; nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; condiciones y los medios de ejecución; antigüedad en el servicio; reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de obligaciones.

El artículo 55 señala que en caso de aplicación de sanciones económicas por beneficios obtenidos y daños y perjuicios causados por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 47, se fijarán en dos tantos del lucro obtenido y de los daños y perjuicios causados; en caso de no cubrirse al momento de su determinación, el monto de la sanción se aumentará proporcionalmente a los incrementos del salario mínimo desde la fecha en que se fijó la sanción hasta la del momento del pago.

Entre las obligaciones que marca el artículo 47 se encuentran: cumplir con el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido.

Además formular y ejecutar legalmente, en su caso, planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos económicos públicos.

También utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso para su función, exclusivamente para fines estipulados. Añade que debe presentar con oportunidad y veracidad la declaración de situación patrimonial, en los términos que señala la Ley, entre otras cuestiones.