Semarnat asegura suspender concesión de Peña Colorada

El secretario ordenó a sus subordinados a dejar sin aplicación la autorización de impacto ambiental que data de 2004; juez analizará presunto cumplimiento.
La mina no puede utilizar dos vertederos de desechos
La mina no puede utilizar dos vertederos de desechos (Milenio Digital)

Guadalajara

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de la república, Juan José Guerra Abud, aseguró al juez IV de Distrito en Materia Administrativa de esta ciudad, Juan Manuel Villanueva Gómez, que ha dejado suspendidas las autorizaciones de impacto ambiental para el uso de dos vertederos de desechos inertes de la minera Peña Colorada, como efecto del cumplimiento del juicio de amparo 462/2013 interpuesto por un grupo de ejidatarios del ejido Ayotitlán.

A su vez, tanto el director del Registro Público de Minería y Derechos Mineros, Mario Delgado Álvarez, como la directora de asuntos contenciosos de la Secretaría de Energía, Martha Patricia Hernández Gutiérrez, aseguraron que esa suspensión ya está debidamente inscrita en los tres títulos mineros que ejerce la mayor extractora de hierro del país, lo que hipotéticamente, debería paralizar cualquier labor en una superficie de 1,200 hectáreas que reclaman los ejidatarios.

El núcleo nahua de la Sierra de Manantlán, cuya dotación y ampliación territorial se ubica en Jalisco pero ha enfrentado siempre un problema de linderos con la mina que declara estar en tierras de Colima, se encuentra dividido internamente debido a que la minera, hoy parte del consorcio Ternium-ISPAT y Mittal Steel, de capital mayoritario chino e indio, entrega recursos por la renta de los tiraderos de desechos.

No obstante, el grupo de ejidatarios que interpuso el juicio de amparo, asesorado por el Instituto de Derecho Ambiental y representado por Pedro León Corrales, se mantiene firme en su disputa por los derechos históricos de la comunidad, y esa representación es sólida ante el juez de distrito, que ahora tiene en proceso el cumplimiento de la suspensión emitida desde septiembre de 2014, y cuya aplicación era, en la teoría jurídica, para las siguientes 24 horas, lo cual no ha sucedido.

Los datos. Por acuerdo de 13 de marzo de 2015, se requirió al titular de la Semarnat en su carácter de superior jerárquico del director General de Impacto y Riesgo Ambiental, así como, del Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, para obligar al cumplimiento de la suspensión de plano de 19 de septiembre de 2014.

El 20 de marzo siguiente, en el expediente 462/2013 se verificó que Guerra Abud dio respuesta al juez, informándole que conminó al inferior jerárquico para que se cumpliera la suspensión. También, el Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, dio respuesta al secretario de que se giró un oficio al delegado de Semarnat en Colima, para que notificara al consorcio minero que la autorización en materia de impacto ambiental emitida en 2004 queda suspendida en cumplimiento a la ejecutoria de la ejecutoria; aclararon que “en ese momento no se podía entregar el oficio” porque el expediente se encontraba en la delegación de ese estado.

En el caso de las autoridades mineras, informaron al juez de distrito, por medio de una “ficha informativa”,  que no se han registrado convenios de ocupación temporal en el ejido de Ayotitlán para los vertederos de desechos, y presuntas constancias con la leyenda de la suspensión de plano al calce “en cada una de las tres concesiones mineras”.

Peña Colorada fue abierta como empresa paraestatal en diciembre de 1967, privatizada a finales de los años ochenta. Su domicilio fiscal es en Minatitlán, Colima, pero casi cinco mil hectáreas del complejo -título de concesión 211011 con vigencia al 14 de marzo de 2050- se le ubica en el municipio de Cuautitlán, Jalisco.

MEGAPRODUCCIÓN

Peña Colorada es una mina de tajo a cielo abierto que extrae 16 mil toneladas de hierro al día, de acuerdo a datos extraoficiales de la prensa colimense. El aprovechamiento está unido por 46 kilómetros de tubería hasta el puerto de Manzanillo, a donde se manda el material para su proceso industrial a una planta del propio consorcio. Por eso también requiere de concesiones de agua, cuya suspensión en el mismo juicio de amparo está pendiente de acreditarse.