Rezagan iniciativas de apoyo a discapacitados

Diputados de Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Acción Nacional han presentado propuestas para mejorar las condiciones de vida de este grupo vulnerable de la población.
Apoyo a discapacidad no es tema prioritario en el Congreso Local.
Apoyo a discapacidad no es tema prioritario en el Congreso Local. (Cortesía )

Tampico

Mientras padres de jóvenes con capacidades diferentes piden una mayor sensibilidad de gobierno y sociedad para fomentar su integración, en el Congreso del Estado se acumulan en calidad de “pendientes” iniciativas para apoyar a este grupo vulnerable de la sociedad.

El 9 de noviembre, el diputado Alfonso de León Perales propuso la creación del Instituto Estatal para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad que actuaría en coadyuvancia con el DIF Tamaulipas y los ayuntamientos. 

Con este organismo, que sería descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, se pretende mejorar los procedimientos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la discriminación así como lograr la igualdad de oportunidades de personas con capacidades diferentes.

“El principal objetivo es involucrar a todos los órdenes de gobierno, instituciones públicas y privadas, así como personas de reconocido trabajo y amplio conocimiento del tema”, plantea el proyecto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad.  

De aprobarse la propuesta, se establecería en cada municipio una delegación encargada de hacer cumplir la integración de las personas con discapacidad.

“Cuando hablamos de personas con capacidades diferentes, se piensa que es sólo una cuestión de derechos humanos, pero va más allá.Y en tiempos no muy lejanos, la mirada hacia la discapacidad partía desde una concepción caritativa-benefactora que no llegaba a comprender la complejidad, la necesidad de acceso a bienes y servicios básicos en  igualdad de circunstancias”, enfatizó en su exposición de motivos el legislador de Movimiento Ciudadano.

COMO BENEFICIARIOS DEPROGRAMAS SOCIALES

La representación de Nueva Alianza en el Congreso Local presentó por su parte una iniciativa para promover la inclusión de las personas con discapacidad en los programas de desarrollo social.

En la propuesta se subraya que, según el INEGI existen en Tamaulipas 3 millones 254 mil 638 habitantes, de los que el 8.4 por ciento cuenta con alguna discapacidad, lo que se traduce a que de cada 100 tamaulipecos, cinco reportan alguna limitación física o mental.Las causas de dicha limitación son: 15.06 por ciento de nacimiento, 40.13 por ciento enfermedad, 16.02 por ciento accidente, 21.72 por ciento edad avanzada, 7.91 por ciento otro motivo y el 3.45 por ciento no especificó. 

De ellos, el 8.2 por ciento son menores de 15 años, el 8.4 por ciento jóvenes, el 34.6 por ciento adultos y el 48.8 por ciento adultos mayores, observándose que el grupo vulnerable más golpeado es el de los adultos en edad avanzada.

La población con problemas para escuchar representa el 4.2 por ciento, con limitación en la actividad 45.3 por ciento; para caminar o moverse, subir o bajar el 23.9 por ciento; visual 13.8 por ciento.Con limitación para hablar, comunicarse o conversar 4.1 por ciento; para vestirse, bañarse o comer 2.4 por ciento; para poner atención o aprender cosas sencillas 1.9 por ciento y con limitación mental 4.4 por ciento.

Del padrón de personas con alguna discapacidad en Tamaulipas, equivalente a 275 mil 485 habitantes, sólo tres de cada diez tiene una vida económicamente activa.

Del 71.2 por ciento que no laboran, 85 por ciento son mujeres.“Si la gran mayoría no tiene un trabajo y la Secretaría de Desarrollo Social de Tamaulipas tiene como objetivo el combate a la pobreza, marginación y a la desigualdad social, es necesario vincular los esfuerzos de  dicha dependencia”, se apunta en la exposición de motivos. 

Se enfatiza que si bien la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad, define qué autoridades apoyarán en este rubro, es necesario garantizar a través de la legislación vigente que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado reconozca y atienda esta necesidad, incluyéndolos entre sus beneficiarios.

NI LOS AYUNTAMIENTOS CUMPLEN LA LEY

A su vez el grupo parlamentario del PAN, presentó una iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a los 43 ayuntamientos del estado a dar cumplimiento a la ley en materia de discapacidad.La bancada destacó que después de analizar la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad y de haber reunido opiniones de personas en esta condición de vulnerabilidad, resulta que las propias autoridades no están respetando el marco jurídico.

En su iniciativa plantean que los municipios, por medio de sus direcciones de Obras Públicas, poseen la facultad de sancionar a los establecimientos públicos y privados en caso de contar con barreras arquitectónicas que impidan o dificulten los accesos y traslado de las personas con discapacidad.

Además, los propios ayuntamientos cuentan con la facultad de que al momento de expedir la autorización a las empresas para colocar teléfonos en la vía pública, solicitar que se instalen cuando menos un diez por ciento de éstos a una altura adecuada para ser accesibles a personas en sillas de ruedas. 

“Se ha constatado que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado hace sus propios  esfuerzos, pero es necesario que todas las dependencias se conjunten para cumplir lo establecido en la ley”, puntualizaron los legisladores albiazules.

 Añadieron que los gobiernos municipales y algunas dependencias estatales y federales han sido señalados por la inobservancia de sus preceptos, convirtiendo la ley en un instrumento legal sin operatividad, es decir, es un derecho vigente más no positivo.

Hacen ver que debe ser una prioridad en nuestro estado el desarrollar, fortalecer y consolidar las políticas públicas de atención a la discapacidad y que la sociedad sea más respetuosa y sensible para consolidar esa nueva cultura de equidad. 

“No basta reconocer la necesidad de garantizar a las personas bajo esta circunstancia, el pleno ejercicio de los derechos que les corresponden, se requiere la toma de decisiones encaminada a eliminar toda barrera que se los impida”.

Para la observancia de la ley, consideran indispensable el apoyo y compromiso de los sectores público, social y privado, organizaciones civiles y organismos no gubernamentales.

“Lo que buscamos es sensibilizar las conciencias de la sociedad en su conjunto, de que aquí hay un sector importante de ciudadanos al que no se le está teniendo en cuenta, y no se puede seguirpermitiendo que por una actitud pasiva, se vulnere de una forma por demás flagrante los derechos fundamentales de estas personas, alno ejecutar las disposiciones en la materia”.

En su proyecto de fecha 30 de octubre, demandan que en el marco de su competencia y alcance presupuestal, los 43 ayuntamientos hagan llegar un plan de acciones para la eliminación de toda barrera que impida la integración de personas con discapacidad.