Regidores exigen sancionar a síndica de Monterrey

Los regidores del PRI en Monterrey señalaron que se debe investigar a la funcionaria Irasema Arriaga, quien presuntamente dejó perder al municipio un juicio millonario.
Irasema Arriaga Belmont, síndica segundo de Monterrey.
Irasema Arriaga Belmont, síndica segundo de Monterrey. (Archivo)

Monterrey

Regidores del PRI en Monterrey exigieron a la alcaldesa Margarita Arellanes Cervantes abrir una investigación y fincar responsabilidades contra la síndica segundo Irasema Arriaga Belmont, quien habría beneficiado a un particular al ganar una indemnización millonaria.

Los ediles señalaron que el hecho debe ser investigado no sólo por la Contraloría Municipal, sino también por la Auditoría Superior del Estado.

Asimismo, que el Ayuntamiento inicie un expediente de responsabilidad y de comprobarse que la funcionaria cayó en una ilegalidad, sea destituida del cargo.

Los regidores priistas indicaron que una doble sentencia a un mismo propietario, por cantidad millonaria y defendido por el mismo abogado, hace sospechar de un posible contubernio y soborno a diversos funcionarios municipales de primer nivel.

"Peor aún se pone la cosa con lo que se da a conocer hoy sobre una posible participación de la síndica y coordinadora del PAN en este caso irregular, en donde su actuación aparentemente rebasa sus atribuciones y le otorga al propietario el triunfo en el litigio, esto nos confirma nuestra demanda de que este caso debe ser investigado.

"Una vez más se pondrá a prueba la dichosa transparencia que la señora alcaldesa pregona. Exigimos a la señora Arellanes que pruebe con hechos concretos que no hay nada de por medio y ceda a las demandas de los regidores del PRI de abrir e investigar este caso hasta donde tope", señalan en el escrito.

Hoy MILENIO Monterrey dio a conocer que Irasema Arriaga Belmont, síndica segundo de Monterrey, entregó una constancia de no afectación de bienes inmuebles a favor de Jorge Cantú Salinas.

El particular mantenía un juicio de revisión contra el municipio por una supuesta invasión de terrenos en el cruce de Prolongación Madero y Churubusco, en los límites de Monterrey y Guadalupe.

El documento fue clave para que el demandante ganara un juicio que tenía en contra del municipio y por el cual accedió a una indemnización de 38 millones de pesos.