Regidores del PAN piden renuncia al procurador de Desarrollo Urbano de Jalisco

Alberto Cárdenas Jiménez, coordinador de los ediles panistas señaló que desde hace 13 años en Guadalajara no se actualizaban instrumentos básicos para el desarrollo ordenado de la ciudad.

Guadalajara

Por ir en contra de los intereses colectivos de una ciudad ordenada como la que se pretende para Guadalajara, el papel que desarrolla el procurador de Desarrollo Urbano de Jalisco (Prodeur)Gabriel Ibarra Felix, es cuestionable y debería de dejar el cargo, exigieron regidores del PAN tapatío.

Alberto Cárdenas Jiménez, coordinador de los ediles panistas señaló que desde hace 13 años en Guadalajara no se actualizaban instrumentos básicos para el desarrollo ordenado de la ciudad y que ahora gracias al esfuerzo y a la tarea decidida del PAN se logró sacar adelante un trabajo que el titular de la Prodeur quiere echar abajo.

Ante esta situación los regidores del PAN exigieron la renuncia del Procurador de Desarrollo Urbano en el Estado Gabriel Ibarra Felix.

Cárdenas Jiménez recalcó que en este asunto, la semana pasada la Suprema Corte de Justicia emitió un resolutivo donde determina que el Ayuntamiento de Guadalajara cumplió cabalmente con el artículo 115 Constitucional que le faculta intervenir en el desarrollo urbano, y en otros dos artículos de la Constitución Política Mexicana y en tres del código urbano; la Corte dice: el Ayuntamiento actuó conforme a derecho, por lo que confían que el trabajo realizado por los regidores tapatíos siga adelante, pese a la oposición y sospechosa actuación del titular de la Prodeur.

“La Suprema Corte le está dando la razón al Ayuntamiento de Guadalajara, el Procurador nuevamente queda aquí, colgado de la brocha, queda en ridículo, queda en vergüenza pública; y la Suprema Corte pide que se cancela esa suspensión temporal que promovieron vecinos”, destacó.

Por su parte la regidora del PAN, Cristina Solórzano Márquez, criticó el trabajo de Gabriel Ibarra Felix por el cambio irregular de usos de suelo en la ciudad de Guadalajara y por asegurar que el Ayuntamiento está facultado para realizar dichas modificaciones así como los intentos por descalificar ante el Tribunal Administrativo del Estado los instrumentos jurídicos aprobados por el Pleno, para garantizar un crecimiento ordenado de la ciudad.