Pueden demandar, pero no serán recontratados

El presidente del cuerpo colegiado señala que pueden ampararse ante la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Elementos federales fueron los reponsables de la detención y traslados de los policías.
Elementos federales fueron los reponsables de la detención y traslados de los policías. (Archivo)
Entevista con el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados del Estado de Hidalgo, Francisco Martínez Ballesteros. (Alejandro Suárez)

Pachuca

Aunque la Constitución pone trabas a la recontratación de los 38 ex policías absueltos de vínculos con la delincuencia organizada, tienen la opción de demandar al Estado Mexicano por los tres años que pasaron injustamente en un Centro Federal de Readaptación Social.

El presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados del Estado de Hidalgo, Francisco Martínez Ballesteros, explicó que pueden ampararse ante la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado aprobada hace un año para proteger los derechos de quienes sufrieron algún daño de parte del gobierno.

“Es un tema bastante nuevo, apenas del año pasado lo que es la (Ley Federal de) Responsabilidad Patrimonial del Estado por este tipo de afectaciones. Si bien es cierto que ya no pueden acceder a su empleo porque es una disposición constitucional y solamente la voluntad de la autoridad municipal es la que podría decidir si se recontrata o no, aún en el caso de que le ganen un juicio”, dijo.

Esta semana, tanto el gobernador como el presidente municipal de Pachuca mostraron su rechazo a la posibilidad de que los ex uniformados regresen en automático, situación a la que Martínez Ballesteros dio la razón ya que en 2008 hubo una reforma al artículo 123 donde explícitamente señala que quien es dado de baja de una corporación policiaca no puede regresar, aun ganando un juicio.

“Bajo este concepto no existe la razón legal de contratarlos pues una vez que haya sido dado de baja por una u otra razón, con razones o sin razones, lo único, el caso más extremo a que una autoridad estaría obligada es a una indemnización si su dada de baja fue injusta”, explicó.

El presidente de la Barra señaló que por esta disposición constitucional hay dos recursos legales que pueden usar los ex policías: demandar para una liquidación justa y por una indemnización por los poco más de tres años que estuvieron en la cárcel.

“Esta nueva ley es amplia, contempla rubros sobre la responsabilidad del Estado que anteriormente en nuestro país no había. Una de ellas es que por un error de autoridad yo haya salido afectado en mi salud o patrimonio, es un camino nuevo que habría que estudiar si es factible”.

Para Martínez Ballesteros el inconveniente de este camino es el hecho de que la Ley entró en vigor el año pasado, mientras que ellos fueron procesados hace más de tres años por lo que habría que ver el alcance de la norma en este caso específico.

Donde no tiene duda es en los problemas legales que tienen los acusados de delincuencia organizada, pues en ella hay cosas que vulneran los derechos de las personas que pueden quedar recluidos en una ciudad mientras el juicio se lleva a cabo en otra.

“La Ley de Combate contra la Delincuencia Organizada es sumamente lesiva, desde un punto de vista particular y considerando que yo abordo desde muchos años las materias de derecho constitucional en varias universidades, es una ley francamente muy lesiva contra los derechos de las personas, muy reductiva en sus derechos, los deja en una situación de franca indefensión en situaciones tan sencillas como estas”.

Ordenamiento

La reforma del 18 de junio de 2008 al segundo párrafo de la fracción XIII del inciso B del artículo 123 de la Constitución, el cual trata de la relación entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores.

A la letra, señala: “Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido”.