Proponen Defensoría del Transporte Público

La propuesta la elabora el Colectivo Ecologista; se analizan mecanismos internacionales.
El mecanismo podría servir para los concesionarios que quieran denunciar casos de corrupción u omisiones.
El mecanismo podría servir para los concesionarios que quieran denunciar casos de corrupción u omisiones. (Carlos Zepeda)

Guadalajara

Con la finalidad de proteger los derechos de los usuarios principalmente, pero también de los choferes y hasta de los concesionarios, el Colectivo Ecologista de Jalisco prepara una propuesta para la creación de un mecanismo denominado Defensoría del Transporte Público.  

“Nosotros hemos hablado de crear la Defensoría del Transporte Público, a manera de mecanismo precisamente de protección del usuario, pero también del chofer, pero también del concesionario que quiera denunciar actos de corrupción, omisiones o esté pidiendo que realmente los mecanismos se activen”, destacó el vocero del colectivo y secretario técnico del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, Mario Silva.

Dijo que este mecanismo se encuentra en fase de diseño, por lo que ya lo ha platicado con algunos legisladores y autoridades del gobierno del estado, “hay una receptividad positiva, ahorita tenemos que comenzar con algo, el Observatorio [Ciudadano] es una muy buena propuesta”.

Puntualizó que esta defensoría podría formar parte del Consejo Ciudadano de Movilidad, o estar dentro de la estructura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), o del propio Observatorio Ciudadano, “es decir, depende mucho de cómo la analicemos, ahorita estamos planteándolo como un mecanismo, no como una institución”. 

Dijo que personalmente analiza algunos modelos internacionales, entre estos de ciudades de centro y Sudamérica, como Colombia y también de Australia, donde se cuenta con esta figura, “que allá [en Australia] le llaman ombudsman del transporte público”.

“Lo que no queremos es hacer una propuesta que se confunda con más instituciones, más burocracia, no; incluso con lo que existe podríamos plantear una reorganización de ciertas áreas y dependencias, lo importante es que sea un mecanismo que tenga autonomía de gestión, que sea un mecanismo cuyas recomendaciones realmente impacten a la administración pública”, puntualizó. 

Dijo que en el caso de Guatemala esta defensoría forma parte especial dentro de la Comisión de Derechos Humanos, en “otros lugares como Australia funciona como una entidad que se financia a través de una cuota que se le impone a los transportistas, entonces se tiene este mecanismo independiente, pero es una instancia que le da seguimiento a las quejas”.

Destacó que debido a que cada país y ciudad tienen mecanismos distintos, esto ayudará a definir cuál es el más adecuado para la zona metropolitana de Guadalajara y el resto de las ciudades medias del estado, “en breve se presentará la propuesta”.

Silva aclaró que en estos momentos no se revisaría el tema de financiamiento, “sería prematuro el tema del financiamiento, porque está el tema de la tarifa. […] Si de entrada calcular la tarifa es controvertido, esto sería muchísimo más”.

Aclaró que lo importante no es hacer más instituciones sino mecanismos que funcionen, “así que para nosotros este tema de las víctimas es muy delicado; lo hemos dicho, nadie debe de morir por utilizar el transporte público y lo que vamos a centrarnos es que el Observatorio [Ciudadano] realmente fiscalice, recomiende, se meta al campo, a la calle, a la unidad, a verificar que todas las mejoras que se están planteando en la ley realmente ocurran”.

En este momento, dijo, el Observatorio puede funcionar como una instancia defensora del usuario y sus intereses, “que pugne por la calidad del transporte, que verifique que los mecanismos se implementen, pero tiene que formalizarse más y tiene que ir avanzando a otros esquemas de consolidación institucional”.

:CLAVES

SOBRE LA PROPUESTA

La defensoría del transporte público apoyaría a usuarios, choferes y transportistas.

Se analizan mecanismos internacionales.

Podría formar parte del Consejo Ciudadano de Movilidad, o de la CEDHJ, incluso dentro del Observatorio Ciudadano.

En Australia este mecanismo se financia con las cuotas que se imponen a los transportistas.

En el caso de la ZMG y ciudades medias del interior del estado, iniciaría sin financiamiento, debido a que el tema de la tarifa ya es controvertido.