Propietarios prometen dar pelea contra OPD

Exigen la mitad de los asientos en la junta de gobierno, pero la Semadet responde que sentarlos en la mesa es de avanzada a nivel nacional.

Guadalajara

El modelo de un organismo público descentralizado, visto desde el año 2005 como esencial para resolver los problemas de operación y gestión en el bosque La Primavera, entra en funciones ocho años y medio después, tras que la ley en la materia, aprobada por el Congreso local en octubre, no ha sido formalmente objetada; pero al parecer, no se tratará de una transición tersa.

Entre los propietarios hay desde actitudes favorables hasta abiertamente beligerantes. Si bien se promovió como un organismo de avanzada, que incorpora a ejidatarios y parvifundistas a la toma de decisiones sin que eso lo exija el reglamento en la materia emanado de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (que se limita a integrarlos en consejos consultivos no vinculantes), algunos de ellos, como Juan Diego Covarrubias y Eric Coufal, entre los privados, así como los ejidos La Primavera y Santa Ana Tepetitlán, asesorados por la doctora en derecho ambiental Raquel Gutiérrez Nájera, plantean que se les entregue la mitad de los asientos de la junta de gobierno; si se persiste en ignorarlos, prometen dar la batalla legal.

“Eso es lo mínimo, una coadministración”, advierte Coufal Díaz Garza, quien ha trabajado por años en la asociación consular y tiene estudios en derecho comparado.

No se trata de una apuesta nueva, afirma. Él la hizo pública en mayo de 2008, el mismo día que se elegía al hoy depuesto José Luis Gámez Valdivia como director ejecutivo del bosque (MILENIO, 10 de mayo de 2008).

“Buscamos propiciar una gobernanza participativa, no en proporción de la titularidad de la tierra, porque queda claro que la propiedad es en 57 por ciento privada, en 30 por ciento ejidal, y en 13 por ciento del gobierno del estado; planteamos una participación de grupos en la misma proporción para los tres niveles de gobierno; para el sector de propiedad ejidal, para el de propiedad privada, y un cuarto que incluiría organizaciones no gubernamentales, universidades, y quienes acreditaran un verdadero interés en el bosque”, pone en relieve en entrevista con este diario.

A su juicio, los resultados de la gestión estatal por medio del comité técnico no son positivos, pero se deslinda de los intereses inmobiliarios y de las invasiones silenciosas que socavan los recursos de La Primavera desde sus periferias, para quienes pide “aplicar con todo el rigor la ley”, pues el esquema de coadministración no busca acabar con los recursos del bosque.

“Iniciamos esta Administración con una gran expectativa, para impulsar una integración de trabajos, pero topamos con una lamentable verborrea pública, que ignora lo que es el bosque […] grandísima fue la sorpresa de la iniciativa que se lanzó al Congreso el 5 de junio, de la cual no tuvimos noticia, pues no fue consultada de forma fehaciente como lo manda la ley; y no se trata de hacer una defensa a ultranza de la propiedad privada, porque estamos convencidos que las limitaciones del interés público son fundamentales y así lo plasma la Constitución, lo que pasa es que el artículo 27 no ha sido derogado y las áreas protegidas se han enmarcado en un modelo no de murallas chinas, sino de inversión en mejoras y aprovechamientos, y si no hay esa clase de modelos de participación, seguiríamos padeciendo permanentemente lo que hemos padecido”.

Así, hay que perseguir a los privados que deterioran el bosque, pero también a la autoridad que no hace su trabajo. “Hemos estado sujetos a los vaivenes trienales y sexenales de autoridades que llegan con una esquizofrenia política extraordinaria, que dicen una cosa, hacen otra cosa y piensan otra cosa”.

Le parece “un abuso” que sólo haya dos asientos para los que “padecen directamente” las malas decisiones de gobierno en su patrimonio, mientras la inmensa mayoría de los asientos los ocupan funcionarios públicos “que han demostrado históricamente su desinterés”, entre otras razones, porque no pagan las consecuencias.

Del efecto del OPD sustentado en la nueva ley, insiste: “los ejidatarios tienen por costumbre cobrar boleto de entrada en los predios, para la gente que va usar sus parcelas, o para ir a descansar, y la ley establece que todos los recursos que entren al bosque son del Estado; entonces los ejidatarios van a estar actuando contra la ley, entonces los pueden llegar a detener por estar cobrando recursos que se supone son patrimonio de la OPD, es como si alguien viene a mi casa y me dice quién puede entrar y quién no puede entrar, es un modelo verdaderamente monstruoso, un vertebrado gaseoso, que solamente cabe en el modelo de la esquizofrenia del Estado, el Leviatán”.

COMENZÓ ENTREGA DE DIRECCIÓN

El proceso de entrega-recepción de la dirección ejecutiva del bosque La Primavera ha comenzado. Ayer se encontraron el director saliente, José Luis Gámez Valdivia, y el interino, Antonio Ordorica Hermosillo, para acordar la entrega de las instalaciones, desde las cuales, el segundo participará en la integración de la junta de gobierno que llevará a la convocatoria para elegir la terna que definirá al primer titular del nuevo organismo público descentralizado.

De acuerdo a la ley del nuevo organismo público, todos los bienes de la dirección ejecutiva, así como las instalaciones diversas que existen en el bosque, pasarán a formar parte del patrimonio de la paraestatal. Y se creará un nuevo fideicomiso para sustentar financieramente las actividades de la OPD. Se prevé que el organismo otorgue por fin derechos laborales a los trabajadores de la demarcación protegida, y no se retrasen sus pagos como sucedía en el pasado.