Propietarios deben sujetarse a áreas protegidas

El estado limita a la propiedad en áreas protegidas como La Primavera. Jurista analiza las consecuencias de la legislación mexicana sobre reservas protegidas y los derechos de la sociedad.

Guadalajara

A propósito del debate sobre las acciones gubernamentales para acotar usos de los propietarios y ejidatarios sobre sus predios en el bosque La Primavera, la doctora en derecho de la Universidad de Alicante, España, y académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Marisol Anglés Hernández, pone en claro que se trata de condicionamientos que la Constitución mexicana y los convenios internacionales firmados por México establecen, es decir, tienen plena legalidad.

Se trata del artículo “La consolidación del derecho ambiental y sus implicaciones prácticas en el derecho de propiedad”, en la cual, la jurista señala:

“Los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas deberán sujetarse a las modalidades que de conformidad con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, establezcan los decretos por los que se constituyan dichas áreas, así como a las demás previsiones contenidas en el programa de manejo y en los programas de ordenamiento ecológico que correspondan (artículo 44 de la ley)”.

Consecuentemente, “las áreas naturales protegidas, cuando se trate de áreas destinadas a la preservación, protección y restauración de la biodiversidad, podrán establecerse en terrenos propiedad de los pueblos indígenas, las organizaciones sociales -públicas o privadas-, y demás personas interesadas, o mediante contrato con terceros. Para ello se expedirá la declaratoria respectiva, mediante la cual se establecerá el manejo del área. Dichos predios se considerarán como áreas productivas dedicadas a una función de interés público (artículo 59)”.

Añade: “en aquellos casos en que se estén produciendo procesos acelerados de desertificación o degradación que impliquen la perdida de recursos de muy difícil regeneración, recuperación o restablecimiento, o afectaciones irreversibles a los ecosistemas se expedirán declaratorias, independientemente del régimen de propiedad del predio, para el establecimiento de zonas de restauración ecológica. Dichas declaratorias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y serán inscritas en el Registro Público de la Propiedad correspondiente (artículos 75, 78 bis y 78 bis 1)”.

Podrá establecerse “la limitación o suspensión de la instalación o funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos urbanos, turísticos o cualquier actividad que afecte o pueda afectar el ambiente, los recursos naturales, o causar desequilibrio ecológico o pérdida de la biodiversidad (artículo 175)”.

La experta subraya: “es una realidad que México ha crecido y se ha desarrollado a base de la explotación de sus recursos naturales, por consiguiente, hablar de desarrollo sostenible significa hablar de la administración de nuestros recursos naturales, a través de una correcta planeación encaminada a su preservación; lo cual requiere, inevitablemente, imponer modalidades y limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y al desarrollo de ciertas actividades económicas”. El caso La Primavera, por ejemplo.