Prodecon pide a SCJN resolver amparos contra e-contabilidad

Debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no emite una resolución al tema, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente externó su preocupación.

Monterrey

Luego de dos años de que entró en vigor la reforma fiscal de 2014, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) externó su preocupación porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún no emite una resolución que resuelva en definitiva este tema, es decir, si resultan o no constitucionales las disposiciones relativas a la e-contabilidad, si ésta es constitucional o no.

Por el contrario, en este momento prevalece la confusión e incertidumbre, pues se enfrenta a un entorno de profunda confusión, disparidad y complejidad para los contribuyentes que interpusieron los amparos.

Por si fuera poco, si la SCJN resuelve finalmente negar el amparo contra la contabilidad electrónica; los contribuyentes que en sus amparos obtuvieron la suspensión tendrán que cumplir de manera retroactiva con el envío de su contabilidad, lo que sin duda les puede traer graves problemas.

Añadió que en 2016, un año después, la propia Sala resuelve, en cambio, que por lo que toca a la obligación de los contribuyentes de llevar contabilidad electrónica, no procede la suspensión.

Mediante un comunicado emitido por Prodecon, el ombudsman expresó su preocupación por los miles de contribuyentes que han promovido amparos y que, ante la falta de decisión judicial, se encuentran en un grave estado de incertidumbre jurídica.

"No es conveniente que en un juicio de control constitucional de derechos fundamentales, como lo es el juicio de amparo, no pueda sentarse al menos un precedente del más alto tribunal, SCJN, que defina la cuestión controvertida", indicó la procuraduría.

Señaló que a más de dos años de que entró en vigor la reforma fiscal, la Corte no ha resuelto aún sobre la constitucionalidad de la gran mayoría de los cambios impugnados por miles de empresas, y no tiene fecha para hacerlo, por lo que sus resoluciones se han limitado a aclarar si proceden o no las suspensiones contra la aplicación de las normas relativas a la contabilidad electrónica.

En este sentido, la procuraduría como defensor de los pagadores de impuestos estima que la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de junio de 2011 no podrá evaluarse como cumplida si las decisiones más sensibles para los justiciables, como es el caso de la contabilidad electrónica, no se resuelven en forma oportuna.