Prevenir violencia en la sierra, “asunto de Estado”

“No cabe una mirada simplista: no tengo recursos, me cruzo de brazos, y mátense por los terrenos”, advierte el magistrado del TUA 56.

Guadalajara

La violencia latente en la Sierra Madre Occidental, como resultado de la restitución gradual de diez mil hectáreas a la comunidad huichola de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) de manos de posesionarios nayaritas - entre los cuales persiste una mayoría que se resiste a regresar los predios que ya perdieron por la vía judicial -, lleva a calidad de “asunto de Estado” la prevención de cualquier incidente, consideró el magistrado del Tribunal Unitario Agrario número 56, con sede en Tepic, Aldo Saúl Muñoz López.
Responsable de ejecutar once juicios ya sentenciados que derivan en una restitución cercana a 600 hectáreas, pero que a la larga le hará conocer de casi medio centenar de juicios más que están en proceso en el TUA 16 de Guadalajara, por el total de la superficie reclamada, el administrador de justicia señaló que hay mecanismos de compensación de los que puede hacer uso el Estado mexicano para evitar incidentes lamentables en la región.
“Aquí una alternativa es llevar los mecanismos alternos de solución de conflictos, no es aplicando la ley a rajatabla; no debemos ser insensibles los magistrados, yo no puedo decir, ejecuto la sentencia pese a que haya violencia y sangre, no, debemos invitar a las partes a la conciliación, y sobre todo, involucrar a las instancias del gobierno federal y estatales [Jalisco y Nayarit], que en este caso están ligadas al problema; aquí el Cosomer [Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano] en es una buena alternativa; un papel importante lo juega la Procuraduría Agraria y los estados, hay que incluirlos en el sano sentido de la palabra inclusión, porque si no, el problema se puede resolver judicialmente, pero socialmente no”, advirtió.
Autor de siete libros que versan sobre derecho agrario, algunos de los cuales son texto universitario, el doctor en derecho advierte que no es un elemento menor los fuertes recortes presupuestales, tanto para programas como Cosomer como para las propias instancias judiciales agrarias; esto lleva a un marco de mayor dificultad para lograr que la aplicación de la justicia sea la que demandan los sujetos de derecho.
“Nosotros en la institución hemos resentido fuerte el recorte a nuestra platilla de trabajadores; tribunales unitarios hasta este momento sufrimos el recorte de tres plazas: audiencia campesina, actuario ejecutor e ingeniero topógrafo, y la verdad es que si nos hacen mucha falta, porque si yo tengo un ingeniero adscrito al tribunal y tengo un conflicto entre dos grupos o comunidades, o ejidatarios o comuneros, que consiste en los linderos, es muy sencillo: con la anuencia de las partes mando al ingeniero al campo a que me haga un informe, con planillas, caminamientos, coordenadas, mediante el uso del gps [geoposicionador] y eso me resuelve el problema, pero si no lo tengo, nos encontramos con una limitación, y ese tipo de problemas, deben de ser atendidos con visión de Estado, no de gobierno…”.
Añadió: “y no solo de gobierno local y estatal; quiero decir con esto: involucrar al poder legislativo federal, y aquí los diputados y senadores, de las dos entidades, Jalisco y Nayarit, deben meterse ya al asunto y buscar recursos adicionales ante la Secretaria de Hacienda para que vía Cosomer estos problemas se resuelvan; esto no puede ser objeto de una mirada simplista: no tengo recursos, me cruzo de brazos, y mátense por los terrenos”.
En su opinión, “los diputados federales de estos distritos, los senadores de estas entidades, en coordinación con los delegados de la Sedatu, con los gobernadores de los estados, deben tener una participación directa y efectiva; deben de asumir la responsabilidad que les corresponde, lo sugiero yo con todo respeto, y en el caso de Hacienda a nivel federal, hacer una política de reajuste para que asignen recursos para esta clase de problemas en el país, no basta con cumplir con lo que se hace desde el Poder Judicial”.
El funcionario judicial advirtió que irá con cuidado en la ejecución de los juicios porque tiene claro que se debe dar justicia efectiva a la comunidad indígena, y los apresuramientos harían frágil el proceso porque lo expondrían a acciones de controversia por parte de los poseedores que retrasarían la devolución de las tierras. 
“Nos toca el cumplimiento y la ejecución de la sentencias que del mismo número de casos ya dictó el TUA 16; sentencias condenatorias, en el sentido de que se les dio la razón a los indígenas, se le reconoce el derecho a la comunidad, y la consecuencia es que las personas que poseen estos terrenos procedan a desocuparlos para que se le entreguen […] todavía aquí podemos llamarles a una conciliación o a un arreglo, pero el objeto del arreglo no va a ser el litigio en sí porque este ya está juzgado”. 
Eso significa que al margen de que se logre la conciliación, la ley se deberá aplicar: los wixaritari recibirán las diez mil hectáreas que se les despojaron n el último siglo, y que la corona española les reconoció desde el siglo XVIII. Y si hay resistencia, las policías locales, estatales y federales, e incluso el Ejército, deberán intervenir, porque una sentencia sin ejecutar “no da justicia al demandante”, pone en relieve.