Sin aplicarse sanción a los que lucran con autos chuecos

No se ha iniciado procedimiento penal por emitir placas o engomados y abogados consideran que la reforma que se aprobó en 2014 es combatible. Establece prisión de 6 meses a 4 años y multa.
El decreto de reforma al Código Penal establece la aplicación de prisión de seis meses a cuatro años.
El decreto de reforma al Código Penal establece la aplicación de prisión de seis meses a cuatro años. (Milenio Digital)

Saltillo, Coahuila

No existe procedimiento legal establecido y conocido bajo el amparo de la Reforma al Código Penal de Coahuila que a finales del 2014 fue publicado y que establece sanción a quien expida engomados para vehículos ingresados al país de manera ilegal.

"Todo es cuestión de que la autoridad se decida aplicar la ley o abra un proceso de legalización de autos irregulares", sin embargo, la reforma es combatible, debido a que el Estado no tiene atribución alguna para reglamentar cuestiones del ámbito federal.

José Luis Garay, abogado saltillense, comentó lo anterior al considerar que es posible que grupos como Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa) y la Unión Campesina Democrática (UCD) continúen expidiendo engomados protegidos por ese resquicio legal.

"Si existiera en organizaciones como la UDC y Onappafa una responsabilidad social real o compromiso ciudadano, no emitirían engomados que no cumplen con el sentido de protección ante la autoridad fiscal".

"Puede ser que las organizaciones hayan visualizado ese defecto o resquicio legal pero también ellos pueden ser sujetos a cualquier tipo de sanción porque no sólo va al poseedor sino también a quien llegue a comercializar en perjuicio o haciendo creer a la gente que está protegida con esa placa cuando en realidad no lo está", comentó.

El decreto de reforma al Código Penal establece la aplicación de prisión de seis meses a cuatro años y multa a quien fabrique, elabore, suministre placas de cartón, plástico, papel o cualquier otro material, engomados, tarjetas de circulación o cualquier otro documento no oficial ni permitido por las autoridades para identificar a vehículos automotores y remolques.

Aunado a ello, si existiera en organizaciones como la UDC y Onappafa una responsabilidad social real o compromiso ciudadano, no emitirían engomados que no cumplen con el sentido de protección ante la autoridad fiscal al propietario del vehículo ilegal, más bien ofrecerían sus servicios de asesoría legal gratuita tal como lo comentan.

"Le dirían que no es tan complicado el mecanismo, le dirían sabes qué, yo te asesoro, vamos a la frontera haz tu pedimento de importación, paga los derechos aduanales, págale al agente aduanal que es el único facultado para hacer el procedimiento y ya tienes aquí tu vehículo, no te va a costar 20 pesos, te va a costar 50, pero no te va a costar los 100 que a lo mejor te costaría un vehículo aquí en la ciudad", comentó Garay.

En caso de poseedores que ya circulen en la ciudad con un vehículo ilegal aplica un amparo para poder llevar a cabo un procedimiento normal, pero esa información no se le otorga al ciudadano, se le vende un engomado y una placa, "todo se hace con fines de lucro".