Piden comparecer de manera privada

Varios ex funcionarios municipales que fueron denunciados por la actual administración de la ciudad solicitaron comparecer en privado.
Arellanes no hizo esa solicitud.
Arellanes no hizo esa solicitud. (Dora Irene Rivera)

Monterrey

Aunque no lo solicitó, la audiencia de la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes, podría ser privada, esto debido a que varios de los otros 9 probables responsables que son investigados con ella en la misma carpeta judicial hicieron esa petición que actualmente es analizada por las autoridades del Tribunal Superior de Justicia.

Trascendió que varios ex funcionarios municipales que fueron denunciados por la actual administración de la ciudad solicitaron comparecer en privado en la audiencia que la Gestión Judicial les programó para el  30 de junio en la sala número 1 del Palacio de Justicia de Monterrey.

Los ex empleados municipales hicieron esa petición a través de los abogados que los van a representar en la diligencia, en la que la Procuraduría de Justicia del Estado pretende imputarlos por los delitos de ejercicio abusivo de funciones y ejercicio indebido o abandono de funciones públicas.

Pero el abogado de Margarita Arellanes Cervantes aseguró que ella no es partícipe de esa solicitud que realizaron los otros señalados en la investigación.

Juan Antonio Villarreal Gutiérrez mencionó que al contrario su representada desea que la audiencia sea pública para que todos se enteren de la verdad.

Agregó que la ex alcaldesa de Monterrey no tiene nada que ocultar de la gestiones que realizó durante su administración y por lo mismo ningún inconveniente de que la audiencia se desahogue públicamente.

Pero, advirtió, que esa decisión depende únicamente del personal del Tribunal Superior de Justicia, porque ellos son quienes tienen que decidir y resolver al respecto.

La Procuraduría de Justicia considera a Margarita Arellanes Cervantes, probable responsable de dos delitos, por los cuales podría alcanzar hasta 20 años de prisión, según lo establecido en el Código Penal vigente.