Peña Colorada y Ayotitlán no alcanzaron acuerdos de conciliación

La minera "se levanta" de la mesa de la Procuraduría Agraria, pues exige que la asamblea general de ejidatarios se pronuncie sobre el amparo.
Kandice Fajardo Flores y Gonzalo Moreno Arévalo.
Kandice Fajardo Flores y Gonzalo Moreno Arévalo. (Agustín del Castillo )

Guadalajara

No hubo arreglo entre el consorcio minero Peña Colorada y el ejido Ayotitlán. Este mediodía, por medio de sus apoderados legales, la empresa extractora de hierro enclavada en los límites de Jalisco y Colima notificó que esperará a que la asamblea general de ejidatarios resuelva si sostiene el amparo 462/2013, o en su defecto, que éste siga su cauce legal, lo que generó malestar en la dirigencia del núcleo agrario nahua.

En reunión realizada en la sede de la Procuraduría Agraria, bajo la presidencia del delegado del organismo, Gonzalo Moreno Arévalo, se dio por concluida esta primer tentativa de conciliación, pero no se cerraron las puertas. No obstante, los ejidatarios advirtieron que harán lo conducente para que se ejecute de forma plena la suspensión de plano que se les concedió el 19 de septiembre de 2015 en el marco del juicio de amparo 462/2013.

Kandice Fajardo Flores, apoderada legal de la minera, dijo que si la asamblea ya se había reunido y tomado acuerdos, "lo reitero, todo bien, somos respetuosos de la decisión de la asamblea, y si esa es la decisión [mantener el amparo y negociar] pues adelante, el escenario quedaría ahí, nuestra postura es que sea la autoridad la que una vez vea como se integra el procedimiento: tenemos la suspensión, y tenemos un amparo, y esa suspensión está definida, y es trabajo y facultad de la autoridad que dio el amparo, que se cumpla esa suspensión; nosotros respetamos las leyes y las autoridades, eso no está en negociación, y ahí nos vamos a sujetar; lo que vemos aquí es si la asamblea se determina o hay voluntad de ver que afecta el amparo, con todo su procedimiento legal....".

Pedro León Corrales, representante legal del núcleo ejidal, precisó: "es que sí hay un pronunciamiento de la asamblea, del pasado 28 de junio, por amplia mayoría, y es que para someter este asunto del amparo en la asamblea, es tomando en cuenta la propuesta que hace el ejido, porque sin propuesta, sin acuerdos, sin convenios, para el conjunto de actividades, y no exclusivamente para depósito de materiales -además, extracción, oficinas, cuerpos de agua- ; la asamblea no tiene materia para pronunciarse en contra del amparo, y si nosotros avanzamos en la propuesta, de manera integral, entonces la asamblea nos mandató para hacer primera y segunda convocatoria, pero con acuerdos y nuevos convenios, lo que no está sucediendo ahora".

"Pero hay que firmar primero un convenio y luego lanzarlo para que lo analice la asamblea; finalmente es lo que nosotros proponemos, porque la voluntad y todo lo que se propone debe venir de la asamblea", objetó la abogada de Peña Colorada.

"La asamblea tiene una lista, y finalmente, sí hay acuerdos en torno a la propuesta: se abren tiempos para integrar, formar y respaldar la propuesta del ejido; la asamblea respalda en el sentido de hacer una propuesta, para hacer convenios en todas las necesidades, ese es el requisito [...] no se va a pronunciar en torno al amparo -ya lo hizo al respaldar la negociación-, y en qué vamos a concentrarnos, si no tenemos propuestas de condiciones sobre las cuales el ejido va a recibir beneficios de las utilidades del consorcio…".

Los campesinos asistentes manifestaron molestia por lo que juzgaron falta de voluntad de la empresa para ofrecer alguna respuesta al pliego de peticiones: “pago por la extracción de material minero [sic] en los terrenos del ejido, con un porcentaje de 20 por ciento por tonelada sobre el precio del fierro”, lo que debería aplicar a partir de la interposición del juicio, en 2013, con la idea de negociar al menos lo que se ha explotado  desde 1975. Un segundo aspecto es que les paguen renta por los terrenos donde se ubican las oficinas del consorcio y el terreno donde se ubica el molino, dado que son parte de la dotación de Ayotitlán.

Un tercer aspecto es que les paguen el uso del terreno para la concesión del agua y las descargas; un quinto aspecto es que la empresa comparta las concesiones mineras para desarrollo futuro del ejido a partes iguales con el ejido. Son nueve tantos el terreno hasta ahora ocupado por la industria: doce mil hectáreas. Finalmente, desconoce los convenios de renta de terrenos de material inerte y pide se hagan nuevos, pues no fueron aprobados por la asamblea general de ejidatarios.

Los ejidatarios se reunirán mañana con personal del gobierno del estado para avisar que buscarán el cumplimiento de la suspensión, lo que empieza por el libre tránsito de los ejidatarios por las tierras de su dotación.