Peña Colorada mantiene sus operaciones regulares

Aseguran que revisan expedientes del proceso promovido por ejidatarios.

Guadalajara

La mina Peña Colorada continúa trabajando de manera regular debido a que de acuerdo a la versión de la empresa a la fecha no existe ningún fallo que ponga en riesgo las operaciones de sus activos incluyendo concesiones o propiedades.

Mediante un comunicado la empresa manifestó que a pesar de que se ha manejado la posible solicitud de suspensión de operaciones por parte de las autoridades, derivado de un juicio de amparo, ésta mantiene sus operaciones sin interrupciones mientras que el área legal de Peña Colorada se encuentra dando seguimiento puntual a los expedientes que integran dicho proceso.

“[…] Peña Colorada informa que tiene convenios legalmente celebrados con el Ejido Ayotitlán, con el cual mantiene una relación de más de 40 años. Dichos convenios fueron aprobados en su momento por mayoría en asamblea ejidal y están debidamente inscritos en el Registro Agrario Nacional” aseguran en el comunicado.

Agregan que desde 1974 la empresa ha generado oportunidades de desarrollo económico y profesional,  y que actualmente cuenta con 1,200 trabajadores vía empleos directos y 3,000 mediante empleos indirectos, lo que ha redundado en el beneficio de más de 4,000 familias de los estados de Colima y Jalisco.

“Finalmente, Peña Colorada reitera su compromiso social con las comunidades donde opera mediante sus programas permanente de apoyo a las comunidades el cual se sustenta en los vectores de: educación, proyectos productivos, salud, infraestructura, cultura, recreación y deporte. Peña Colorada como parte de la minería responsable opera con estricto apego a la normativa ambiental y a todas las legislaciones aplicables” concluye el comunicado.

Recientemente MILENIO JALISCO publicó que la explotación del yacimiento de hierro en Peña Colorada, en los límites de Jalisco y Colima, la más importante del país por volumen de producción, tendría que detenerse ante la decisión del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo, que otorgó al ejido nahua de Ayotitlán una “suspensión de plano” para efecto de que no se realicen actividades en las 1,200 hectáreas que se disputan los campesinos jaliscienses con el consorcio minero del grupo transnacional que conforman Ternium y Arcelor-Mittal.

El juicio fue abierto y promovido por una mayoría de ejidatarios, con la asesoría del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), que preside Raquel Gutiérrez Nájera. El director de ese organismo, Pedro León Corrales, y la presidente de la Unión de Pueblos Sierra de Manantlán, Rogelia Justo Elías, consideraron que el triunfo jurídico, si bien, aún parcial, no tiene precedentes en la historia de este conflicto, uno de los casos más emblemáticos de violación de derechos humanos e indígenas en esta región del país.