Peña Colorada no aprueba en la “responsabilidad socioambiental”

La empresa financia proyectos educativos y de desarrollo a favor de la región, pero palidece ante el deterioro institucional que ocasiona al ejido Ayotitlán, destaca el documento.
La minera labora desde 1967, extraen hierro y acero.
La minera labora desde 1967, extraen hierro y acero. (Especial)

Guadalajara

La empresa minera Benito Juárez- Peña Colorada ha mejorado su participación social a favor de la región de influencia a sus intereses extractivos, ubicada en los linderos de Jalisco y Colima, pero esto no es suficiente para darle una aprobación en responsabilidad socioambiental ante los fuertes problemas sociales, ambientales y políticos que acarrea su influencia, sobre todo al interior del ejido nahua de Ayotitlán, revela un análisis realizado por José de Jesús Sandoval Legazpi  y Alfredo Castañeda Palomera, del Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSUR-UdeG).

El documento, que también analiza el caso del ingenio Melchor Ocampo, enclavado en el valle de Autlán, fue publicado en 2014 y se denomina “Análisis socioambiental de las empresas: consorcio minero Benito Juárez-Peña Colorada e ingenio Melchor Ocampo, dos organizaciones de la Costa Sur de Jalisco”.

La minera “se fundó en el año de 1967 con la participación de las empresas AHMSA, HYLSA, TAMSA y FMSA, quienes se dedican a la industria del hierro y el acero. Actualmente ha tenido proyección nacional por contar con el depósito de mineral de hierro más grande del país (200 millones de toneladas) […] como parte de la transnacional Ternium, esta empresa ha generado tanto al norte del estado de Colima como sur de Jalisco,  inconformidades sociales en cuanto a sus métodos de producción y a lo que a decir de algunos,  se ha visto reflejado en un fuerte deterioro ambiental de la región”, destacan.

Estos manifiestos sociales “se han visto acrecentados en los últimos años mediante la prensa, la cual ha mostrado grandes malestares de los actores involucrados. Así lo manifiesta la Comisión Nacional Indigenista (CNI), quienes acusan que el consorcio de Peña Colorada ‘roba y destruye tierras, montes y aguas con la complicidad del gobierno, esto mediante las elecciones falsas de las autoridades del ejido, a decir de ellos”, y que cuenta con la complacencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Citan al ex dirigente del Consejo de Mayores, Gaudencia Mancilla Roblada, y a la presidente de la Unión de Pueblos Sierra de Manantlán, Rogelia Justo Elías, quienes destacan que la desunión fomentada por el dinero de la empresa ha ocasionado serios deterioros institucionales en el vasto ejido.

“Esta problemática local ha estado expuesta no solo al exterior de nuestra entidad sino ante otros países, así lo manifiesta el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), quien en reunión llevada a cabo el 12 de septiembre del año 2008, en Antigua, Guatemala, se comentó [sic] que las autoridades mexicanas han hecho caso omiso y han desatendido los graves impactos ocasionados a la cuenca del Marabasco, por parte del emporio minero…”.

Peña Colorada participa en estímulos a la educación con universidades de Colima, y financia actualmente becas para estudiantes de Ayotitlán, pero a cambio de una controvertida renta de terrenos que ha sido causa formal de los enfrentamientos del pasado 22 de julio, con 33 nahuas y un abogado detenidos (MILENIO JALISCO, 23 a 30 de julio de 2015).