Pedreras acusan de corrupción a municipios y desarrolladores

La Asociación de Extractores de Caliza señaló que algunos gobiernos municipales son responsables de otorgar permisos habitacionales de manera ilegal a particulares. 
Argumentaron que las pedreras no son la principal causa de contaminación en el área metropolitana sino el parque vehicular.
Argumentaron que las pedreras no son la principal causa de contaminación en el área metropolitana sino el parque vehicular. (Jorge López)

Monterrey

La Asociación de Extractores de Caliza de Nuevo León AC acusó de corrupción a algunas "cúpulas" de los gobiernos municipales por presuntamente conceder permisos habitacionales de manera ilegal, favoreciendo a los desarrolladores.

El desplegado que se publicó hoy en los medios de comunicación bajo el título "5 verdades sobre las pedreras que no quieren que sepas", atribuye como ataques a su gremio las presuntas mentiras que particulares han difundido en la prensa, por ello arremete contra los municipios y desarrolladores sin decir quiénes.

Además, descarta que sean las pedreras la causa principal de contaminación en el área metropolitana, pero respalda la implementación de medidas urgentes como la verificación vehicular, que propuso hace unos días el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

"Los miembros de la Asociación de Extractores de Caliza de Nuevo León AC (...) debemos alzar la voz para detener la ola de mentiras que unos particulares han difundido a través de los medios de comunicación. Debemos decir la verdad.

"Los orígenes del ataque a nuestro gremio se deben a intereses de desarrolladores por cambiar el uso de suelo industrial, ya que se les ha otorgado permisos habitacionales de manera ilegal, dicha práctica es una de las principales causas de corrupción en algunas cúpulas de los gobiernos municipales", establece el desplegado y cuya responsable se identifica como Taydé Casados Estrada.

Con base en estudios recientes de Proaire, agrega la agrupación, la explotación de caliza representa menos del 3 por ciento de la contaminación de la cuenca atmosférica del área metropolitana de Monterrey, misma que no genera problemas de salud.

"La causa principal de contaminación en el área metropolitana es provocada por el parque vehicular y requiere de medidas urgentes, como la de la creación de un programa de verificación", señala.

El documento divulgado en los medios relata que desde 1982 las operaciones del cerro del Topo Chico y la zona oriente del cerro de Las Mitras, se movieron a la zonas conocidas como el cerro de San Miguel y la zona poniente del cerro de Las Mitras para precisamente estar alejadas de zonas habitacionales.

"En ese momento también se designó una zona de amortiguamiento para que no fuese necesaria una nueva reubicación", señaló.

La asociación indica que han sido promotores del reglamento desde la época de la Subscretaría de Ecología, dirigida por la Elida Rizzo García.

"Siempre hemos estado muy atentos al cumplimiento de las normas y actualmente apoyamos la creación de lineamientos que regulen a las empresas del ramo, así como a todas aquellas de otras industrias con actividades similares", indicó.

Otro de los puntos que establece el compromiso con el medio ambiente son: los sistemas de suspensión de polvos, equipo móvil con controles de emisiones, forestación de áreas estratégicas para control de emisiones, pavimentación de caminos internos en sus instalaciones y humectación de caminos y procesos.

"Es momento de hablar con la verdad y dialogar en beneficio del desarrollo económico y cuidado del medio ambiente de Nuevo León y de todas sus habitantes", finaliza el texto.

Pese a la defensa de la Asociación de Extractores de Piedra Caliza AC en alusión a que las pedreras no contaminan, el pasado 28 de diciembre, el Gobierno del Estado suspendió la operación de estas ante la contingencia atmosférica que se registraba en el área metropolitana.

Rodríguez Calderón explicó en ese momento que la restricción se mantendría hasta que descendieran las altas concentraciones de partículas menores a 10 micrómetros (PM10), registradas por el Sistema de Monitoreo Ambiental (SIMA).

Hace unos días, los diputados locales Marcelo Martínez y Sergio Pérez Díaz pidieron al gobernador la fecha para la reubicación de las pedreras, ante la presunta afectación de salud a residentes de una decena de colonias.