Minas de carbón deben 'limpiarse' de la corrupción

Cristina Auerbach, representante de la organización Familia Pasta de Conchos manifestó que al trabajar de la mano con la Secretaría del Trabajo se pudo comprobar que se pueden evitar desgracias.
Mina 8 de Pasta de Conchos en San Juan de Sabinas, Coahuila.
Mina 8 de Pasta de Conchos en San Juan de Sabinas, Coahuila. (Miguel Ángel González Jiménez)

Torreón, Coahuila

A diez años de que ocurriera un accidente minero visto por los defensores de derechos humanos como un crimen industrial, luego de que en el interior de la mina 9 de Pasta de Conchos quedaran sepultados 65 mineros que perdieron la vida, Cristina Auerbach, representante de la organización Familia Pasta de Conchos, indicó que la minería de carbón en Coahuila está plagada de delitos que ponen en riesgo la vida de los trabajadores.

Asimismo catalogó el período de Javier Lozano Alarcón dentro de la Secretaría del Trabajo (ST), como uno de los más tristes y negros para la minería del carbón, toda vez que después de Pasta de Conchos continuaron las muertes de obreros, sumándose 33 decesos en la entidad durante su período.

"Casi dos o más muertes ocurrieron al mes y así nos la pasábamos en funerales, pero cuando finalmente se va Javier Lozano se establece una mesa de diálogo con Rosalinda Vélez que queda en su lugar y después con (Alfonso) Navarrete Prida. Lo primero que se acuerda con Rosalinda fue que se limpiara la Secretaría del Trabajo porque evidentemente había una brutal corrupción que toleraba la muerte de los mineros", indicó Auerbach.

Dijo que incluso en la ST se manejaban listas de cuotas de pagos que debían realizarse ante las irregularidades que se encontraban en las minas, sin que se consignaran en la actas, se aplicarán sanciones o se clausurarán los centros de trabajo.

En cuanto a la presencia del crimen organizado en la zona carbonífera, Cristina Auerbach mencionó que se aprovechó la imagen para el coyotaje del mineral.

"Bajo ese contexto se despidió al delegado, luego a otro delegado y se despidió a unos 14 inspectores, (se desmanteló) el área jurídica de la delegación de Coahuila y lo que era antes la oficina de Sabinas, se vuelve una subdelegación especializada en el tema de las minas de carbón y nosotros como defensores de derechos humanos nos volvemos coadyuvantes de la Secretaría del Trabajo", apuntó.

Así comenzaron a acompañar a los inspectores a las minas donde se consideraba que existían riesgos o intentos de corrupción para que las mismas inspecciones se hicieran conforme a derecho.

Aunque resulta esperanzador este cambio de operación, Cristina Auerbach observó otros riesgos inminentes en torno a la industria de la minería del carbón coquizable en la entidad.

Y aunque apuntó que al corte del 7 de febrero se cumplió 1 año y un mes sin muertes en las minas de carbón por condiciones inseguras, después de Pasta de Conchos se contabilizan 105 muertes en las minas de carbón coahuilenses.

"Con esto comprobamos que es mentira que no se pueden controlar los riesgos, la minería del carbón es sumamente peligrosa pero si tienes condiciones de seguridad para trabajar, las desgracias se pueden parar"

Sin embargo dijo que eso no significa que no vaya a suceder una desgracia porque hay aún un sector importante que opera de forma clandestina, "que les paran, les cancelan y no importa si el gobierno de Coahuila les sigue comprando el carbón, hay un sector que no se puede controlar y hay otra parte a la que tienes literalmente que estar persiguiendo".

En cuanto a la actuación la Promotora para el Desarrollo Económico de la Minería (Prodemi), figura que instituyó el gobierno del Estado en la administración de Enrique Martínez, la defensora de derechos humanos acotó que durante el año en curso podría desaparecer.

"El fraude y toda la corrupción que ha pasado en Coahuila se ve reflejado en la Prodemi que ha servido al gobierno del Estado como caja chica porque no entregan cuentas y el dinero que obtienen no se invierte en la región Carbonífera para lo cual se creó la Prodemi"

Cristina Auerbach destacó que en la zona carbonífera se ha intentado criminalizar la protesta de los defensores y de Familia Pasta de Conchos.

Explicó que el resultado es que la CFE determinó en el mes de octubre quitarle la mitad del contrato y dejarle el resto pero solo por un año, "es decir, la Prodemi está destinada a desaparecer a más tardar en octubre de este año porque ya no era posible este círculo perverso del gobierno del Estado".

En cuanto a la presencia del crimen organizado en la zona carbonífera, mencionó que se aprovechó la imagen para el coyotaje del mineral.

"Cuando realmente tocaba inspección en las minas de los que decían que eran de los Zetas resulta que ellos sí se dejaban inspeccionar, entonces era muy confuso saber. Yo no sé en qué minas si estaban o no porque no era mi trabajo determinar, no soy ministerio público, lo que sí te puedo decir es que hubo un sector de empresarios del carbón que se valió de decir que eran Zetas para violentar el derecho humano, a la vida y a la salud".

"En Cloete entraron al pueblo abriendo minas diciendo que eran Zetas y resultó que luego ya no eran Zetas pero eran las mismas personas, yo no sé en este punto que minas tuvieron los criminales, lo que sí te puedo decir es que muchas de estas minas eran de empresarios de Sabinas", precisó la activista.

Finalmente Cristina Auerbach destacó que en la zona carbonífera se ha intentado criminalizar la protesta de los defensores y de Familia Pasta de Conchos, así al parar el avance de tajos mineros clandestinos, lo que ocasionó el deterioro de viviendas de mineros, fueron denunciados bajo el argumento de despojo.

Sin embargo cuando las familias fueron a denunciar los hechos de agresiones, daños de vivienda y despojo de las mismas, acotó Auerbach, el gobierno estatal a través de la Procuraduría de Justicia no abrió las averiguaciones correspondientes.

"Resulta que las víctimas no pueden denunciar porque no se abren las averiguaciones pero los que antes se decían Zetas y que ahora no son Zetas y se les llaman señores empresarios pueden denunciar por no dejarlos que violenten los derechos humanos. Ese es el Estado de las cosas en Coahuila".