Pagará municipio 62 mdp por invasión de predio

Para poder cumplir con la indemnización, el Ayuntamiento de Monterrey realizará reajustes en su nómina, el cual será del 10 por ciento.

Monterrey

El Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León ordenó al Ayuntamiento de Monterrey cumplir con el pago de 62 millones 152 mil 168 pesos, por concepto de indemnización a un particular por la invasión de un predio.

En sesión ordinaria de Cabildo se informó que la segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, dentro del juicio contencioso administrativo 399/2008 ordenó el pago a favor de una asociación que un ciudadano de nombre Jorge Garza Cantú por haber invadido un predio ubicado en la avenida Constitución y Constituyentes de Nuevo León, donde se construyó una conexión vial durante la administración 1997-2000 del entonces alcalde Jesús María Elizondo.

Ante esta situación, el municipio de Monterrey recurrirá al reajuste superior al 10 por ciento de la nómina, además de otras acciones.

La instrucción establece que el primer acuerdo implica el pago a la asociación del ciudadano, Jorge Garza Cantú, de la cantidad de 24 millones 740 mil 325 pesos, por el valor de la superficie afectada.

Además la cantidad de 22 millones 600 mil 135 pesos por el demérito del resto del inmueble, así como la cantidad de 14 millones 811 mil 708 pesos  por concepto de intereses moratorios a partir del día 3 de mayo del año 2008, los cuales arrojan un total de 62 millones 152 mil 168 pesos.

La liquidación de este adeudo se establecerá mediante un sistema de pago en abonos que inicia el 31 de enero del 2014 y vence el 31 de octubre del  2015.

Para la ejecución de lo anterior se autorizó a la representación legal del municipio para que celebre con el albacea de la asociación de Jorge Garza Cantú el convenio a través del cual se proceda al pago de la indemnización  por el monto indicado.

Cabe destacar que el abogado de la parte afectada hasta hace tres años era Federico Fernández, quien en la administración 1997-2000 fungió como director Jurídico de Monterrey.

La alcaldesa, Margarita Arellanes comentó que investigarán cuál fue el proceso que se siguió para que el municipio se haya apoderado de este predio en el año 2000, a pesar de que era particular.

 

Reajustarán personal

Margarita Arellanes comentó que para sufragar el pago de los más de 62 millones de pesos implicará el despido de personal por más de un 10 por ciento.

“Tenemos esta ejecutoria, este mandato judicial que nos obliga a que lleguemos a un acuerdo con el mismo y que dentro de ese mismo acuerdo muy puntualmente señalemos cuál va a ser la forma de pago para solventar esto.

“Vamos a tomar acciones importantes en materia de racionalización del recurso y esto también nos va a llevar a que vamos a tener que hacer una revisión sobre la cantidad de personal que tenemos y sí estamos esperando tener un ajuste en la nómina”, dijo.