La PGR culpa a dos funcionarios por incendio en bosque

La dependencia federal asegura que fueron “negligentes”, aunque la responsabilidad del combate de incendios recaía en la Seder y la Conafor.
El incendio se registró en el 2012 y consumió más de 8 mil hectáreas del bosque La Primavera
El incendio se registró en el 2012 y consumió más de 8 mil hectáreas del bosque La Primavera (Milenio)

Guadalajara

Año y medio después del incendio que afectó 8,177 hectáreas del bosque La Primavera, la Procuraduría General de la República (PGR) ha decidido inculpar del siniestro a dos servidores públicos: el director ejecutivo del área de protección de flora y fauna, José Luis Gámez Valdivia, y el ex director general de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Juan Manuel Torres Rojo.

Información de la dependencia federal a la que tuvo acceso MILENIO JALISCO revela que en la averiguación previa AP 106/UEIDAPLE/DA/17/2012, realizada por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de la PGR, se llegó a esas conclusiones tras una extensa indagatoria en que fueron entrevistados desde combatientes hasta altos funcionarios federales, del gobierno de Jalisco y municipales.

Según la argumentación central, se pretende acusar a los funcionarios de actuar con “negligencia” ante el evento, es decir, que pudieron haber determinado acciones más oportunas y contundentes que habrían tendido a evitar la gran diseminación del frente de fuego, que se abrió en la zona de El Tizate, ejido de Santa Ana Tepetitlán, el 21 de abril de 2012, y fue favorecido por la gran hojarasca y combustible presente en la zona oriente del bosque, que tenía ya más de diez años sin quemarse, y a la situación de los vientos incontenibles de la temporada.

La responsabilidad del combate de incendios recae en primer término en el gobierno del estado, que encabezaba Emilio González Márquez, cuyo secretario de Desarrollo Rural (Seder) –quien preside el comité estatal en la materia- era Álvaro García Chávez. La segunda instancia de responsabilidad es de la gerencia estatal de la Conafor, que estaba a cargo de Susana Mendoza Morales.

En los días del incendio, los trabajadores de las brigadas del bosque La Primavera no habían recibido el pago de sus salarios por parte de la Seder. Sin embargo, la primera instancia que acudió al lugar del brote fue una brigada de la Conafor, dependiente de la gerencia estatal. Trascendería dos días después que fueron recibidos de forma hostil por los vecinos de El Tizate –un asentamiento irregular con pobladores pobres que han invadido el bosque al comprar lotes a ejidatarios de Santa Ana Tepetitlán, sin que la autoridad municipal de Zapopan los haya frenado- lo que obligó a que policías zapopanos intervinieran para abrir el paso, horas después, con el fuego ya crecido.

El caso del director del bosque es especial, pues depende de un fideicomiso y no tiene facultades para ejercer actos de autoridad, lo que lo obliga a presionar a instancias como la propia Conafor, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y en ese entonces, a la Seder, para que se realizaran acciones de inspección y actos de autoridad tendientes a evitar el deterioro de los recursos boscosos. Como Gámez Valdivia se apoyaba en la opinión pública para esas denuncias, muchos servidores públicos lo veían con recelo.

Durante los cuatro días de combate, trascendió la falta de equipamiento y de respaldo económico para las brigadas estatales a cargo de la Seder. El anuncio del entonces presidente Calderón, de proceder contra responsables del desastre, operó “mágicamente” para que se pagaran los adeudos al personal del bosque.

El 25 de abril, última jornada de combate del incendio, el mayor desde 2005 en la floresta protegida, fue detenida Guadalupe Preciado Vázquez, una mujer de escasos recursos que quemó un cable robado en El Tizate para extraer cobre y venderlo, pero fue liberada unos días después, con la presión de grupos de derechos humanos.

Inicialmente, la PGR abrió en su delegación en Jalisco la averiguación PGR/JAL/ZAP/M4/946/2012 para la investigación del siniestro. La delegación de Profepa fue “coadyuvante” en la indagatoria. Este es el primer incendio forestal en la historia de Jalisco que deriva en la probable responsabilidad penal de funcionarios públicos, aunque las dudas son de gran calado.  

Claves

Los contextos

- La orden del presidente Calderón, 26 de abril de 2012: “Mi deber es ser cauto y no especular, pero hay elementos que sugieren la posible presencia de elementos deliberados de causa del incendio, o por lo menos de acción humana [...] hay versiones de que el incendio comenzó en varios puntos simultáneamente, lo cual no tiene una lógica; habrá que pedirles a los expertos que abunden en la investigación, algunos brigadistas hablan de la posibilidad de combustible como un detonador en varios puntos, en fin, la instrucción es que lo investiguen a profundidad, para si es el caso de que haya habido una acción deliberada, castigar con todo el peso de la ley a los responsables, o más bien a los irresponsables que realizaron esta barbaridad”

- Superficie estimada: 8,177 hectáreas quemadas; duración: 21 al 25 de abril de 2012 (cinco días); hora de detección: 10:36 am; combatientes: 900; costo del combate del incendio: 7.5 millones de pesos

- Daños: la zona con daños severos abarca sobre 1,200 hectáreas, pero en la última evaluación, apenas se reconoce 0.3% de superficie con daños severos, con recuperación a mediano y largo plazo: unas 35 hectáreas. 39.3% de la zona afectada tiene daños “medianos” con recuperación a corto y mediano plazo; 57.7% se recuperará en el corto plazo y 2.7% del polígono no fue afectado

Fuente: archivo de MILENIO JALISCO