Oculta AET indagatoria sobre ruta cuestionada

La empresa Transportes Progreso SA de CV ha sido objeto de críticas de usuarios de Santa Catarina y de diversos funcionarios por mal servicio.

Monterrey

La Agencia Estatal del Transporte decidió ocultar por dos años los resultados de la investigación que le sigue a la ruta 120 o 400, y con ello, toda la información referente a esta empresa y del retiro de su concesión por acusaciones de mal servicio y deficientes unidades.

Con esto, los ciudadanos no podrán conocer si la empresa tiene en realidad permiso, por cuánto tiempo, así como los resultados de la inspección que se le sigue, hasta después de que haya concluido el actual Gobierno que encabeza Rodrigo Medina de la Cruz.

Mediante un acta publicada en la Página de Internet de la Agencia Estatal del Transporte, pudo conocerse que desde el pasado 15 de octubre de 2013, el director de la Agencia Estatal del Transporte, Víctor Martínez Rodríguez, decidió reservar toda la información referente al caso de la investigación que se sigue a estas rutas de transporte público.

Esto, según alude el mismo funcionario estatal en el documento, es una medida tomada para beneficiar a los ciudadanos, al tratarse de una investigación abierta.

“De conformidad con lo establecido por el artículo 29, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, se determina reservar la información relativa a todas las actuaciones del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, relativo a la visita de inspección y vigilancia realizara a la ruta 120 (400), cuya resolución no ha causado, por un plazo de dos años”, señala el documento.

“Es conveniente para el interés público que las actuaciones que obran en dicho procedimiento de inspección y vigilancia, se mantengan en reserva, hasta en tanto su resolución cause estado, para con ello brindar certidumbre legal a las personas usuarias de los servicios que presta (la empresa)”.

Se trata de la empresa Transportes Progreso S.A. de C.V. y/o Transportes Progreso S.A., dueños de la ruta 120, antes 400, y que presta sus servicios en el municipio de Santa Catarina, principalmente al norponiente de la ciudad.

La decisión fue tomada, según señala el documento, basados en los artículos 2, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.

El artículo 30 de dicha ley establece que para invocar la causal, deberán valorarse las circunstancias del modo, tiempo y lugar al momento de reservar la información, esto es el interés público de otorgarle ese carácter y el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo tercero de esta misma ley.

Sin embargo en ninguna parte del documento, Martínez Rodríguez sustenta el interés público que supuestamente alude para tomar la decisión, y sólo explica que es un derecho que les otorga la ley.

Fue a mediados del año pasado cuando la AET comenzó a recibir una queja generalizada por parte de los usuarios de esta ruta que tras varios atropellos y otros hechos comenzaron a exigir el retiro de la concesión.

Denuncias ante la Profeco y la Profepa, acompañaron también el caso que bajó de intensidad cuando la Agencia Estatal del Transporte se comprometió a realizar una revisión a la ruta y a exigir la inclusión de nuevos ramales y unidades.

Sin embargo, a varios meses de esto la información no ha sido pública, y hasta el momento se desconoce si existieron multas a la empresa, si existió la renovación de unidades o si la Agencia realmente metió en cintura a la empresa.

El documento señala que solamente las autoridades administrativas y judiciales involucradas en el caso podrán tener acceso a la información, que quedará bajo custodia de la Coordinación de Concertación Jurídica y Social del Gobierno del Estado.

Claves

En la mira

- La ruta 400 ha sido una de las más cuestionadas de todo el sistema de transporte del estado, con campañas abiertas de alcaldes y diputados para quitarles la concesión.

- Las críticas llegaron al punto donde la Agencia Estatal del Transporte se comprometió a revisar el caso, y en caso de encontrar anomalías, valoraría decisiones drásticas.

- Al reservar la información, la ciudadanía pierde acceso a los resultados de las revisiones que realizaron los inspectores de la AET a las unidades de la empresa operadora.