Nahuas de Ayotitlán retoman sus tierras, Colima los reprime

Más de 500 campesinos del núcleo nahua que ha vivido medio siglo enfrentado a la minera, fueron enfrentados al anochecer por policías estatales; detuvieron a trece.

Guadalajara

La de ayer fue una jornada agitada para el ejido Ayotitlán, que tomó en sus manos la ejecución de la suspensión de plano concedida por la justicia federal en el marco del juicio de amparo 462/2013, y en número superior al medio millar, sus campesinos retomaron efímeramente control sobre 1,200 hectáreas que estaban en posesión de su rival del último medio siglo: la compañía minera Benito Juárez-Peña Colorada, respaldada en los poderes constitucionales del estado de Colima.

La restitución de facto fue sólo por unas horas, entre las once de la mañana y las siete de la noche, cuando policías del estado de Colima y agentes de la procuraduría local acudieron a la zona del plantón frente a la minera, y tuvieron una refriega con los campesinos. El saldo fue de trece detenidos y doce lesionados, según información que proporcionó al cierre de esta edición el asesor ejidal, Pedro León Corrales.

La comunidad exigió cumplimiento de la suspensión de plano, que paralizaría las concesiones mineras en los terrenos que incluyen la zona de extracción, beneficio, depósito de material estéril y concesiones de agua y descarga, y concede libre acceso a los terrenos a los miembros del ejido, señalaron en un comunicado de prensa difundido poco antes del mediodía, al tiempo que los campesinos penetraban en sus tierras, que forman parte de la dotación ejidal y cuya posesión se remonta legalmente a los tiempos coloniales.

No obstante, el argumento de la empresa es que posee escrituras emanadas de pequeñas propiedades, realizadas por notarios de Colima, y que están fuera del territorio ejidal. La misión de los gendarmes fue desplazar a los manifestantes hasta lo que ellos consideran el límite interestatal con Jalisco. Por la noche, personal del ayuntamiento y de Protección Civil de Jalisco atendía a los agredidos fuera del polígono en conflicto. A 20 años de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (122/95), no se ha resuelto el diferendo, que afecta la relación entre particulares.

Los campesinos salieron poco antes de las ocho de la mañana del poblado de Telcruz, explicó a MILENIO JALISCO por vía telefónica Eduardo Mosqueda, abogado del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), organismo que asesoraa la comunidad. Todavía la noche previa se discutían los términos de la ejecución, pero hubo un respaldo mayoritario a ejercer el libre tránsito sobre terrenos propios, acompañados de una copia de la resolución judicial y del acta de asamblea.

Así, se exigió en campo, por primera vez en medio siglo, que se quedaran totalmente paralizadas las actividades mineras que aprovechan el yacimiento ferroso más rico del país. “El consorcio minero amenaza a los nahuas con la represión por parte del ejército, la marina , la policía federal y la fuerza pública del gobierno de Colima sin contar con ninguna razón ni fundamento legal para  la intervención de  estas corporaciones […] es la comunidad nahua la que tiene a su favor la resolución judicial emitida el 19 septiembre de 2014”, añade el comunicado.

Tras responsabilizar al director general de la empresa “de cualquier agresión” contra los campesinos, detallan sus exigencias:  uno, “el cumplimiento inmediato y cabal de la suspensión de plano”; dos, “el respeto a los derechos humanos y agrarios a los integrantes del poblado de Ayotitlán”; tres, “el cese de la represión por parte del gobierno federal, y del gobierno de Colima”.

Lo que temían se consumó: trece personas durmieron en los separos de la judicial de Colima. Pero la batalla por la credibilidad apenas comenzará hoy.