Movimiento antipresas cuestiona "tercería" de la Unops en río Verde

Señalan que hay poca transparencia, baja garantía de participación social y dudas sobre el comportamiento ético de la instancia en el conflicto por el agua de Los Altos.

Guadalajara

El trabajo por contrato que realizan las agencias de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés) y el Programa de Medio Ambiente (Pnuma) en relación con los derechos sobre las aguas del río Verde, en Los Altos de Jalisco, significa un riesgo para los pueblos que han decidido defender sus derechos sobre el recurso y la permanencia de sus asentamientos originales, amenazados por el proyecto de la presa El Zapotillo, señaló hoy el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder).

En conferencia de prensa se divulgó el posicionamiento de este colectivo que integra luchas por territorio y derechos de diversas comunidades del país afectadas por megaproyectos de infraestructura hidráulica, como es el caso, en que se pretende trasvasar parte del agua de la zona para entregarla a la ciudad de León, Guanajuato, enclavada fuera de la cuenca.

“Desde diciembre de 2014, el Mapder tiene conocimiento y ha venido monitoreando la contratación que el Gobierno de Jalisco estableció con la Unops y el Pnuma para realizar el proyecto  denominado ‘Asistencia Técnica para la Sostenibilidad del Proceso de Planeación de Obras de Infraestructura en la Cuenca del Río Verde’, proyecto que arrancó en diciembre  de 2015, costará 4.6 millones de dólares y tendrá una duración de 18 meses […] el Mapder comparte los cuestionamientos hechos al estudio por parte del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, planteados directamente a la Unops, el Pnuma, el gobierno de Jalisco y la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet)”, señalan.

La entidad de la sociedad civil ha analizado el contrato y sus términos de referencia, y señala los siguientes puntos:  “la propuesta planteada es limitada, confusa y riesgosa. Nos preocupa que el estudio carece de instancias reales de participación ciudadana y contraloría social que permitan la toma de decisiones con los actores involucrados en el conflicto. En este sentido, el estudio plantea la conformación de un Comité de Dirección del Proyecto, integrado por la Semadet, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), la Unops y el Pnuma; además, de un  comité técnico integrado por funcionarios independientes de las propias Unops y Pnuma. Es decir, ¿las autoridades y las Naciones Unidas actuarán como juez y parte?; ¿Quién  monitoreará y vigilará que  durante la realización y las recomendaciones  del  estudio no se vulneren  los derechos de las comunidades afectadas?; ¿En dónde queda la voz de las comunidades afectadas, de las organizaciones, especialistas y académicos/as en defensa del agua y los derechos humanos del estado de Jalisco?”.

En este sentido,” la propuesta nos resulta incompleta y lejana a los estándares internacionales sobre el derecho a la consulta y  la participación que Naciones Unidas está obligada a respetar.  Pareciera que las instancias de participación y controlaría ciudadana para la toma de decisiones no se conformarán, en aras de garantizar el cumplimiento de los términos y  tiempos del estudio, es decir, garantizar el negocio no menor a 4.6 millones de dólares”.

También “nos preguntamos al igual que las comunidades afectas, ¿por qué  gastar  4.6 millones de dólares de fondos públicos en un estudio cuyos resultados no son vinculantes, no se sabe para qué  y cómo se usarán?”.

El colectivo celebró “los recientes fallos a favor de la comunidades afectadas por el proyecto Zapotillo, emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que confirman la necesidad de mantener la suspensión de la obra, para que se ajuste de acuerdo al proyecto original, respetando los derechos humanos de las comunidades afectadas”.

Y lanza un exhorto que tiene los siguientes puntos: “uno, que realicen de inmediato los ajustes a los términos de referencia [‘adendum’] sobre el ‘producto temprano’, según lo acordado con el Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo, el Colectivo de Abogados y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), en la reunión realizada el pasado 14 diciembre en las oficinas de la Semadet. Ajustes que deben hacerse públicos”.

Dos, “que se conformen las instancias necesarias que garanticen la participación en la toma de decisiones durante la realización y los resultados del estudio. Entre ellas el Comité Ético de Garantes de la Sociedad Civil, que vigile el respeto de los derechos de los pueblos, el desarrollo del estudio y su transparencia”. Tres, “Que se dé a conocer el Plan Operativo definitivo, en el que de acuerdo con los mismos términos de referencia, ‘se encontrará a detalle la metodología del estudio y se definirán con precisión los principales productos del proyecto”.

Firman el Mapder, y sus asociados locales y nacionales.