Manifestantes contra DAPAS, denunciados en la PGR

Las demandas se derivaron porque pusieron un candado en la puerta de entrada a las oficinas y además obstruyeron con una camioneta el acceso y salida de vehículos.
Acusan a los manifestantes de sabotaje.
Acusan a los manifestantes de sabotaje. (Imelda Torres)

Ciudad Valles

Después de los huevazos contra funcionarios de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de parte de un grupo de usuarios, entre ellos dirigentes del partido Morena, un hermano del líder sindical y de varios taxistas, éstos fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República y del Estado, por diversos delitos, luego de que imposibilitaron por varias horas la prestación de un servicio público.

Eligio Quintanilla González, titular del organismo operador informó que ante la PGR se demandó por sabotaje a Ricardo Ballesteros Corona, hermano de Alejandro de los mismos apellidos quien es secretario general del sindicato de trabajadores del organismo, así como a Matilde Hernández Méndez, su asesor legal y a Ricardo del Sol Estrada y Doroteo Díaz Galíndez, dirigentes del partido Movimiento Regeneración Nacional.

El delito de sabotaje está tipificado en el artículo 140 del código penal federal, en el que se establece que quien dañe, destruya, perjudique o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos y funciones de la dependencias, puede recibir penas de dos a 20 años de prisión.

También fueron demandados en la Procuraduría General de Justicia del Estado ellos y quienes resulten responsables por robo, motín, asociación delictuosa, ultrajes a la autoridad, a las instituciones del estado y a las insignias públicas, tipificados en los artículos 247, 307, 314, 324 y 325 del código penal de la entidad.

El pasado miércoles, el grupo de manifestantes en el que participaron también al menos unos 30 taxistas liderados por Mario Mendoza Morales, representante de la Alianza de Transportistas de Valles y la Huasteca, llegaron desde temprano afuera de las instalaciones generales de la DAPAS señalándose en contra del anunciado incremento de 10 por ciento a la tarifa del vital líquido.

Más tarde los ánimos se caldearon porque aventaron huevos a un notario público que daba fe de los hechos, al responsable del área administrativa y finanzas Samuel Gómez Álvarez, así como a Tomás Santiago Hernández, jurídico del ayuntamiento.

Pero las demandas se derivaron porque pusieron un candado en la puerta de entrada a las oficinas y además obstruyeron con una camioneta el acceso y salida de vehículos de la dependencia y por robo porque se llevaron una máquina retroexcavadora que minutos después dejaron a unos metros del lugar.