Manejo de ley quedará en manos del gobierno estatal

La oposición cuestionó que el control de la estructura de atención a afectados por el delito y el fondo para la reparación del daño sea controlada por el Ejecutivo.
La nueva ley contempla la ampliación de los derechos de las víctimas, su protección así como a sus familiares.
La nueva ley contempla la ampliación de los derechos de las víctimas, su protección así como a sus familiares. (Milenio)

Guadalajara

Con el control del estado de la estructura para la atención, así como de los recursos que se dispondrán para la reparación del daño, finalmente ayer los diputados locales aprobaron la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco.

Con esta nueva norma, quienes son víctimas de un delito o de una violación a sus derechos humanos, deberán ser protegidos y se les tendrá que garantizar la reparación del daño.

La ley establece que se considera una víctima a aquella persona física “que haya sufrido directa o indirectamente algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier riesgo o lesión a sus bienes jurídicos o derechos, como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos”.

Los diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Hernán Cortés Berumen lamentaron que no se hubieran aceptado los cambios para que el fondo para la reparación del daño y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas no sean controlados por el Poder Ejecutivo. También, cuestionaron que sea la Fiscalía General la que lleve el registro estatal de víctimas, cuando habrá casos en que el victimario es el Estado y, por ello, se convertirá en “juez y parte”.

Al respecto, el diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jaime Prieto Pérez, dijo que el Estado será el que se encargue de la reparación del daño mientras se emite una sentencia, y por eso debe ser quien aparece como responsable en la ley.

La ley fue aprobada con cambios de última hora, luego de la intervención en la discusión del secretario de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez.

Para que se lograra consenso, se elaboró un nuevo dictamen que incluyó las propuestas de las iniciativas que presentaron el diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jaime Prieto Pérez y, en conjunto, Clemente Castañeda Hoeflich y el panista Hernán Cortés Berumen.

El coordinador de los diputados de MC, Clemente Castañeda Hoeflich, explicó que entre los cambios que se lograron está la ampliación de los derechos de las víctimas; la protección a las víctimas indirectas; se eliminaron algunas lagunas legales; se garantiza la asesoría jurídica y las medidas de rehabilitación, y se logra la integración de especialistas y colectivos ciudadanos en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

Castañeda Hoeflich aclaró que en la integración de dicha comisión no se logró que la mayoría fuera de especialistas y ciudadanos, sino que la mayoría de los espacios fueron para funcionarios públicos; también dijo que hizo falta dar certeza y fortaleza al registro estatal de víctimas y al fondo de ayuda para las mismas, así como establecer el concepto de satisfacción moral para las víctimas.

Añadió que uno de los logros más importantes es que no se requerirá que haya una sentencia para que una persona adquiera la categoría de víctima.

Al someterse a discusión en la sesión de Pleno, se aprobó en lo general por unanimidad. Antes de votarse, hubo un intercambio verbal de descalificaciones entre Jaime Prieto, por un lado, y Castañeda Hoeflich y Hernán Cortés por el otro.

Luego, se rechazaron otros cambios que propuso ya en el pleno Clemente Castañeda.

Claves

La nueva ley

- La ley establece que el gobierno estatal y los municipales, las instituciones y los organismos deben velar por la protección de las víctimas del delito.

- La atención y protección es obligación del Poder Ejecutivo, a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

- Las víctimas tienen derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en la Constitución federal, los tratados internacionales firmados por México, la Constitución local y cualquier ordenamiento de derechos humanos.

- La atención que se proporcione deberá ser con dignidad, buena fe, complementariedad, oportuna, con un enfoque según las condiciones de la víctima, gratuita, que modifiquen los esquemas que provocaron los hechos, igualdad, no discriminación, integral.

- No se podrá criminalizar ni revictimizar.

- Se creará la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

- Se integrará un fondo estatal de ayuda, asistencia y reparación integral de víctimas.

- Se creará un registro estatal de víctimas.