Liberación de Arango muestra inequidad en la ley: Arellanes

El investigador de la Universidad Autónoma de Puebla, destacó que el enriquecimiento ilícito parte del manejo de recursos públicos, por lo que, la pena no debería ser conmutada
Instalaciones del Centro de Readaptación Social en Puebla.
Instalaciones del Centro de Readaptación Social en Puebla. (Foto: Gabriela Martínez)

Puebla

El investigador de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), Paulino Ernesto Arellanes, destacó que la salida de José Alfredo Arango García, exsecretario de Salud, quien fue acusado y procesado por el delito de enriquecimiento ilícito por más de 54 millones de pesos, es una muestra de que no se aplica la ley de la misma forma para todos los ciudadanos.

Después de que Arango García abandonó la prisión tras pagar una multa de un millón y medio de pesos por una pena conmutable de cuatro años en prisión, el académico destacó que el daño ocasionado por el funcionario en la administración del gobernador de extracción tricolor, Mario Marín Torres, debería ser considerado como un delito mayor.

Comentó que la medida abre la posibilidad de que el gobierno estatal pueda establecer negociaciones con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para próximas elecciones o para acuerdos en el poder legislativo.

Tras pasar dos años encarcelado, Arango fue sentenciado a cuatro años de prisión por el Juez Octavo de lo Penal, Celestino Martínez, lo que permitió que pudiera conseguir su libertad mediante la conmutación de la pena.

El académico destacó que el enriquecimiento ilícito parte del manejo de recursos públicos, por lo que, la pena no debería ser conmutada, situación que abre la posibilidad de que otros funcionarios quieran seguir el mismo camino.

"Los funcionarios saben que si hay un enriquecimiento ilícito pueden salir de la cárcel pagando una fianza. No es una señal adecuada para la ciudadanía que pide que sus recursos sean aplicados de manera correcta", destacó Ernesto Arellanes.

Arango García fue detenido el 12 de enero de 2012 por el delito de enriquecimiento ilícito por más de 54 millones de pesos por su paso en la administración pública. La Procuraduría General de Justicia (PGJ), le decomisó 30 propiedades valuadas en 79 millones de pesos.

Ernesto Arellanes destacó que a Arango García se le aplicó la ley de forma expedita, lo cual, no sucede con el resto de los encarcelados, quienes pasan varios años sin que se les dicte sentencia.

"Se trata de una muestra de que la ley no se aplica de la misma forma para todos. A algunos de inmediato se les dicta una sentencia pero muchos encarcelados siguen sin conocer su futuro", destacó.