Desairan diputados de Tamaulipas Ley de Víctimas

La Permanente consideró que no es necesario emitir un exhorto pues ya se armonizó la ley de protección a víctimas.
Diputación Permanente del Congreso del Estado.
Diputación Permanente del Congreso del Estado. (Especial)

Tamaulipas

La Diputación Permanente rechazó exhortar al gobierno del estado a agilizar la elaboración del reglamento de la Ley de Protección a Víctimas del Estado de Tamaulipas.

Así lo había propuesto el diputado priista Heriberto Ruiz Tijerina el pasado 24 de junio, un día antes de aprobarse en el Pleno la armonización de la ley de víctimas.

En su iniciativa, el legislador priista señalaba que el tema en Tamaulipas es primordial, "motivo por el cual no debe de faltar en la agenda legislativa".

Expresaba que ha observado con atención el esfuerzo que realiza la Federación y el Estado, pero "aún es preocupante que haya tareas importantes que siguen pendientes como son la elaboración del reglamento respectivo, así mismo la instalación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas".

A un año del nacimiento de este programa, mencionó que se ha logrado la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la instalación de sistemas, asesoría jurídica gratuita para las víctimas, el establecimiento del registro nacional de víctimas, la publicación del reglamento de la ley general, así como la definición de reglas.

Señaló que se estableció el Registro Nacional de Víctimas, se publicó el reglamento de la ley y se definieron las reglas de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

La Diputación Permanente encabezada por el legislador Erasmo González Robledo le respondió que posterior a la presentación de esa iniciativa, el Congreso reformó la ley de referencia, con la finalidad de fortalecer la protección de los derechos humanos de las víctimas y garantizar con mayor eficacia las medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención y reparación de daños.

"De los aspectos relevantes que se incorporan a la ley de la materia, destaca el establecimiento de la obligación expresa que tienen las autoridades de respetar, garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos, así como los mecanismos de sanción para servidores públicos que no cumplan con la obligación de atender y salvaguardar los derechos de las víctimas cuando sea su responsabilidad hacerlo".

De igual forma, se añadió, mediante las citadas reformas, se incorporan a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas a dos representantes de organizaciones no gubernamentales y de la Comisión de Derechos Humanos, respectivamente, además de otorgarle a dicho órgano la atribución de brindar alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, o que hayan sido amenazadas o desplazadas de su lugar de residencia a causa de un delito o de la violación a sus derechos humanos.

"También, se establece expresamente un porcentaje anual del Presupuesto de Egresos del Estado, para integrar el Fondo de Atención a Víctimas, el cual se destinará para brindarles una atención integral y efectiva, así como para ayudarles en la reparación de daños causados, mismo que se ejercerá a partir del ejercicio fiscal del próximo año".

Se añadió que derivado de las reformas legales antes expuestas, consideraron que el fi n o la preocupación que motivó a Ruiz Tijerina a promover el proyecto de Punto de Acuerdo, se satisface materialmente.

"Al margen de la expedición del reglamento correspondiente, estimamos que la normatividad legal por si sola es amplia y suficiente para atender, mediante su aplicación, las premisas a las que se ciñe su objeto".

Se acota en el dictamen que el reglamento respectivo debe encontrarse en vías de su formulación, además de que su presentación no está sujeta a un término perentorio.

"Además, no podríamos exhortar al Ejecutivo del Estado a que remita a este Congreso dicho reglamento para su discusión y aprobación, ya que su expedición es acto exclusivo de su esfera de competencia, y el Poder Legislativo carece de facultades para expedir reglamentos inherentes al funcionamiento de un órgano de la administración pública estatal, salvo que sean de carácter interno".

Por ello consideraron que deben ser respetuosos, pues de aprobar el punto de acuerdo en los términos propuestos, estarían incurriendo en una indebida acción legislativa.