Entra en vigor ley en pugna por la PGR

La PGJE de Coahuila puede ordenar el aseguramiento de bienes patrimoniales a  personas acusadas de narcomenudeo, secuestro, trata de personas entre otros.

Saltillo, Coahuila

La Ley de Extinción de Dominio, sujeta a un juicio de inconstitucionalidad promovido por la Procuraduría General de la República (PGR), entró en vigor este viernes con lo cual queda abierta la posibilidad de que el Ministerio Público asegure bienes patrimoniales de quienes sean acusados de secuestro, robo de vehículos, trata de personas, narcomenudeo y facilitación delictiva o halconeo.

Precisamente por esto último la PGR impugnó la ley aprobada por el Congreso de Coahuila el pasado 25 de junio, pues a su ver el delito de facilitación delictiva es de difícil comprobación.

De acuerdo con la ley, la Procuraduría General de Justicia del Estado está en condiciones de ordenar el aseguramiento de bienes patrimoniales, como ranchos, casas, edificios y terrenos propiedad de personas acusadas por delitos como la trata de personas, narcomenudeo, secuestro, robo de vehículos y facilitación delictiva.

La medida incluso se podrá aplicar cuando el proceso penal esté en marcha. "La extinción de dominio procederá aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió", dice la legislación.

Los propietarios de viviendas en renta que sean utilizadas por los criminales para cometer delitos como secuestro y trata de personas, o bien para resguardar vehículos robados, deberán comprobar que no tienen participación en los hechos y desconocían en qué eran utilizadas sus propiedades.

Las propiedades aseguradas se podrán convertir en centros de atención para las víctimas de los delitos, o bien en centros de operación de las corporaciones de seguridad pública.

Cuando la iniciativa se aprobó, el gobernador Rubén Moreira Valdez dijo que tiene la intención de inhibir delitos de alto impacto en la sociedad, como el secuestro y la trata de personas y que las propiedades producto de los delitos no puedan ser aprovechados por los delincuentes o sus familias.