“No garantiza protección para familias de víctimas”

Empresarios del GEL y CLIO señalan que en esencia la ley es buena, pero su estado actual no garantiza una verdadera protección para los familiares porque la IP tiene la forma ampararse.
Marcha FUUNDEC
Fallas en Ley de Ausencia por Desaparición en Coahuila. (Milenio Digital - Archivo)

Torreón, Coahuila

Los consejos empresariales laguneros demandarán la derogación o modificación de la Ley de Ausencia, pues argumentaron les afecta y no garantiza una protección para los familiares de las víctimas.

Agustín Arellano, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), resaltó que sostuvieron reuniones con los representantes del Congreso del Estado sin ninguna respuesta favorable y por eso dispondrán las instancias legales.

"Nosotros hablamos con los diputados para mejorar esta ley y les hicimos algunas propuestas, después de mucho insistir nos atendieron y quedamos en pasarles las iniciativas. Incluso el presidente (del Congreso del Estado) dijo que se podía modificar y luego declaró lo contrario", recordó.

“Lo que se está haciendo es enfrentar a los empresarios con las familias, pues nosotros creemos que vamos a ganar porque la ley está mal”.

Por su parte, Eugenio Treviño, vocero del Grupo Empresarial Lagunero (GEL) y presidente de la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), explicó que hay dos artículos de la normativa que más afectan a su gremio y por eso van por sus modificaciones.

"Uno de ellos (el 14) establece que a la persona se le puede declarar parcialmente desaparecido y mientras se le encuentra el empresario tiene que seguir pagándole sus aportaciones hasta una sentencia de muerte o desaparecido. Esa parte quedó muy abierta", argumentó.

Indicó que en ese caso proponen que haya un límite establecido para determinar la sentencia de desaparición y de esa forma la empresa pueda otorgarle a los familiares una pensión o el pago correspondiente similar al de una defunción.

"El segundo artículo (el 16) menciona que si el desaparecido tiene adeudos con tarjetas de créditos o mueblerías se congelarían las cuentas y las familias no tendrían que pagar las cuentas. Pero si la familia ya recibe un sueldo por qué no pagar las deudas", agregó.

Al respecto, Arellano expuso que entre las propuestas que tienen está que haya un plazo de un año para determinar como desaparecido a la persona ausente y mientras tanto diversas instancias gubernamentales tuvieran a su cargo el pago de las prestaciones.

"Era una de las cosas que proponíamos y que se hiciera cargo del pago el Seguro Social y mediante ahorros que tuviera el empleado. O que el gobierno hiciera un fideicomiso con los recursos que provienen de los bienes incautados a la delincuencia", expuso.

Refirió que en esencia la ley es buena, sin embargo su estado actual no garantiza una verdadera protección para los familiares de las personas desaparecidas porque los empresarios tienen la forma ampararse.

"Lo que se está haciendo es enfrentar a los empresarios con las familias, pues nosotros creemos que vamos a ganar porque la ley está mal", dijo.

Eugenio Treviño opinó en ese mismo sentido que la normativa se contrapone con la Ley Federal del Trabajo y otras instancias. "No está bien hecha porque viola la Ley Federal del Trabajo, la Constitución y el Seguro Social", aseveró.

Coincidieron en que aunque pocas personas desaparecidas entrarían en esa ley habría repercusiones serias, en el aspecto de que hay negocios que tienen pocos empleados y eso le representa una merma a las microempresas.

El presidente de la Canacintra comentó que ya tuvieron un acercamiento con algunos diputados locales electos, con el objetivo de que al iniciar la siguiente legislatura puede replantearse modificar la legislación.

"Lo ideal sería hacer mesas de trabajo para afinar esa ley, pero hay detalles que no se cuidaron y no hubo la comunicación con los empresarios. Vamos agotar todas las instancias locales y llegar hasta las federales de ser necesario", indicó.

Por su parte, Arellano concluyó que no debe dejarse de lado el objetivo primordial del Estado que es encontrar a los desaparecidos.