Promueven nueva Ley de Agua que dé poder a usuarios y ciudadanos

Quitar el control a una tecnocracia que ejerce sus poderes de forma autónoma y sin dar cuentas, y privilegiar la gestión integral del agua son algunos de los objetivos de la propuesta.
Un total de 335 millones de pesos le costará a la ciudad el tratamiento de agua.
Se crearía el dictamen de impacto socio hidríco (Milenio)

Guadalajara

Los promotores de la Ley General de Aguas ciudadana, señalan que "cumplir con el Derecho Humano al agua y saneamiento para la presente y futuras generaciones, tanto por mandato constitucional como por compromiso internacional adquirido por la ratificación de la Resolución de Naciones Unidas en 2010 (RES 64/292), requiere pasar del modelo actual de extracción y desecho alto consumidor de energía, a un modelo energéticamente eficiente que promueva y facilite la gestión sustentable de ciclos locales del agua". 

 

Esto "exige a su vez, superar un régimen de toma de  decisiones autocrático y excluyente, a uno que involucre a la ciudadanía como lo señala la modificación constitucional". La vocera en Jalisco de esta iniciativa nacional es la doctora en derecho Raquel Gutiérrez Nájera, Premio al Mérito Ecológico 2012, quien comenzó su difusión esta mañana, en conferencia de prensa en la torre de rectoría de la Universidad de Guadalajara. 

 

"Es por ello -señala el comunicado emitido- que a partir de la publicación del  reconocimiento de este Derecho en el Diario Oficial de la Federación, las Organizaciones de Sociedad Civil en conjunto con investigadores y ciudadanos hemos, analizado, discutido y elaborado colectivamente una Ley General de Aguas en base a décadas de experiencias en investigación y acción, para lograr la gestión sustentable y defensa de cuencas y sus aguas. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible".

 

La iniciativa ciudadana "para la Ley General de Aguas responsabiliza y fortalece el potencial de comunidades y ciudadanos. Fija obligaciones para funcionarios con consecuencias inmediatas en caso de incumplimiento, y establece mecanismos eficaces para cancelar proyectos dañinos que han resultado de autorizaciones o 

concesiones irregulares. Consiste esencialmente en reglamentar el derecho humano al agua y saneamiento. Para ello lo pone al centro de la nueva Ley General de Aguas que el congreso solicitó se emitiera para reglamentar éste derecho. En ese sentido, si se entiende que los derechos deben de garantizarse para la presente y futuras generaciones, entonces el Estado solo podrá garantizar agua de calidad para consumo humano sí y solo sí, protege los ecosistemas y ciclos que la generan así como asegurar el fin de la contaminación de los cuerpos de agua", añade. 

 

Cómo se construirá esto. Se plantean los siguientes puntos. 

 

1. Planeación y gestión ciudadanizada por cuenca "a través de un plan rector , instrumento vinculante que orientaría a los planes y programas (de ordenamiento ecológico; de desarrollo urbano, forestal, agrícola y ganadero; y de áreas naturales protegidas) en cada cuenca, para garantizar el cumplimiento con el derecho humano al agua y saneamiento en torno a la Agenda Nacional. Cada Consejo Ciudadanizado de Cuenca se construirá desde la micro-cuenca hasta la cuenca y tendrá la obligación de garantizar que primero se cumpla el acceso al agua de calidad para la vida (consumo humano, ecosistemas y agricultura de subsistencia) y posteriormente el agua para usos no prioritarios (agroindustria y otros usos industriales, energéticos y recreativos)". 

 

2. Crear un Fondo Nacional por el derecho humano al agua y saneamiento, "auditable, para el financiamiento directo a comunidades para proyectos autogestivos y descentralizados del agua y saneamiento en zonas sin acceso. El Fondo serviría para lograr acción inmediata para superar prácticas discriminatorias y lograr el acceso equitativo al agua de calidad y un sanitario digno, sin disminuir las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno al respecto. Se formaría con recursos federales, estatales, municipales y mediante el cobro de un porcentaje de las utilidades percibidas por concesionarios de aguas nacionales (usos no prioritarios). El cobro de utilidades se aplicaría también a concesionarios de obras hidráulicas y de sistemas de agua y saneamiento concesionados bajo la Ley de Aguas Nacionales". 

 

3. Una Estrategia Nacional que será elaborada por el Consejo Nacional de Cuencas, y "orientada por los planes rectores de cuenca localmente consensados. Definiría las políticas requeridas para que los proyectos de desarrollo urbano, vial, industrial, turístico, de energía y minería respeten los límites y las funciones vitales de las cuencas y los flujos subterráneos. Fortalecería la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa Nacional de Protección Civil, al definir las políticas y los programas de restauración de cuencas y ecosistemas requeridos para reducir riesgos y desastres. Sus lineamientos serían vinculantes para todas las autoridades y programas de los tres órdenes de gobierno. La Contraloría Social del Agua vigilaría su cumplimiento". 

 

4. La Contraloría Social de Agua, que sería "un organismo desconcentrado del Consejo Nacional de Cuencas, de composición ciudadana que buscaría erradicar la corrupción y la impunidad en el desempeño de la función pública del agua. Tendría autonomía presupuestaria (financiada con el 10 por ciento del cobro de derechos a aguas nacionales) y de decisión, así como capacidad vinculante. La Comisión Nacional de Derechos Humanos certificaría el proceso de elección de contralores ciudadanos -posición honorífica, sin conflicto de interés- por cuenca y a nivel nacional. Los representantes de las CSA serían observadores en reuniones oficiales de toma de decisiones relevantes al derecho humano al agua y al buen manejo de cuencas. Vigilarían la construcción y funcionamiento democrático y transparente de las instancias ciudadanizadas y comunitarias de gestión del agua y de cuencas. Mantendrían el Registro Nacional del Derecho Humano al Agua y Saneamiento que permite orientar las acciones del Fondo Nacional, tanto como para fincar responsabilidades de servidores públicos y presentarían evaluaciones anuales de cumplimiento de funcionarios públicos, solicitando, en su caso, la aplicación de sanciones o la revocación del mandato de funcionarios incumplidos. 

 

5. Nuevos instrumentos de prevención, precaución y protección como "el dictamen de impacto socio hídrico, que fortalecerían los manifiestos de impacto ambiental, el dictamen de análisis costo beneficio socio hídrico ambiental, el cual se haría contemplando la operación de todo el ciclo de vida de la infraestructura, e incluyendo costos ambientales y sociales. Y la declaración de cuenca en extremo estrés hídrico y reconocimiento de áreas de importancia socio hidro ambiental y zonas federales".

 

Otras propuestas: planes municipales de aguas; sistema de información, monitoreo y alerta de cuencas y aguas; sistema nuevo de concesiones que "involucraría a los habitantes de cada cuenca en procesos técnicamente fundamentados para hacer recomendaciones vinculantes a la entidad federal del agua en cuanto al volumen total aprovechable; los volúmenes requeridos para el derecho humano al agua y a la alimentación; así como las prioridades y condicionantes de uso para los volúmenes restantes". 

 

¿Cómo funcionaría? "1.Sólo se concesionaría el volumen ecológicamente aprovechable. 2. El agua sería prioritariamente para la vida. 3. Se garantizaría el acceso equitativo 4. Se respetaría la integridad de las tierras y aguas de los pueblos originarios. 5. Las concesiones serían condicionadas a la eliminación de contaminantes y anualmente renovables 6. Las concesiones no serían transferibles 7. Se realizarían inspecciones oficiales y monitoreo ciudadano, con acceso público a los resultados".

 

Complementa la iniciativa una Procuraduría del Agua y Ambiente,"constitucionalmente autónoma, con una unidad en cada cuenca, financiada con 5 por ciento de los derechos del agua, responsable de inspeccionar y sancionar violaciones de la normatividad".

 

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