Ley ecológica viola derechos humanos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación falla contra artículos de esa legislación que limitan a ONG a actuar a favor del ambiente.
En El Nixticuil fueron talados cien árboles este año.
En El Nixticuil fueron talados cien árboles este año. (Milenio)

Guadalajara

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 501/2014 en favor de las asociaciones civiles Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Greenpeace México, “en el sentido de no tener que acreditar tres años previos de haber sido constituidas, para poder impugnar cuestiones ambientales; además de poder acudir a demandar el daño ocasionado al ambiente y su reparación, con o sin representación de algún habitante de las comunidades adyacentes al daño ocurrido”, de acuerdo a un comunicado de ambas entidades civiles.

El hecho establece un criterio ante una ley de aplicación general, pues señala la violación de derechos constitucionales por normas de la Ley de Responsabilidad Ambiental, en casos cada vez más recurrentes y crecientes en número, en que organizaciones de la sociedad apoyan a comunidades que enfrentan conflictos ambientales ante grandes intereses gubernamentales o económicos, o bien, asuntos en los que intervienen “de oficio” dado el daño al medio ambiente que entrañan.

“Por mayoría de tres votos de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, Olga Sánchez Cordero y Jorge Mario Pardo Rebolledo en contra de los emitidos por los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y José Ramón Cossío Díaz, se concedió el amparo a las asociaciones civiles que impugnaron, entre otros, el artículo 28, primer párrafo, fracción II y segundo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, el cual prevé que para demandar el daño ambiental las personas morales privadas cuyo objeto social, como es el caso, sea la protección al ambiente en general, deben cumplir dos requisitos: actuar en representación de algún habitante de las comunidades adyacentes al daño ocasionado al ambiente y acreditar que fueron legalmente constituidas por lo menos tres años anteriores a la presentación de la demanda”, explican.

Dicha ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013. Greenpeace y el Centro Vitoria “impugnaron, mediante vía amparo presentado el 8 de agosto de 2013, que los requisitos impuestos en el precepto restringen y violan el derecho de acceso a la justicia [17 constitucional] y el de medio ambiente sano [4 constitucional], en relación con el principio de progresividad [1 de la constitución]; argumento que refuerzan al mencionar que el Código Federal de Procedimientos Civiles, en materia de acciones colectivas, únicamente exige a las asociaciones civiles al menos un año previo al momento de presentar la acción y no establece que deban representar necesariamente a personas y/o comunidades afectadas”, agregan.