Ley General de Agua debe evitar acaparamiento: ICC

Los analistas de la International Chamber of Commerce mencionaron que es esencial la certidumbre en la concesión y pidieron revisar la problemática que se vive en el país.
Señalaron que existen voces que han generado ruido en torno a la iniciativa, la cual requiere ser ajustada.
Señalaron que existen voces que han generado ruido en torno a la iniciativa, la cual requiere ser ajustada. (Leonel Rocha)

Monterrey

El proyecto de dictamen de la Ley General de Aguas requiere ser evaluado, revisado y ajustado a fin de que pueda brindar una seguridad jurídica mínima necesaria, señaló la International Chamber of Commerce México (ICC), organismo que se dedica a fomentar el comercio y las inversiones en el mundo.

En un análisis sobre el proyecto de dictamen, el ICC plantea ocho puntos medulares que deben tomarse en cuenta antes de aprobarse.

Los puntos, señalados como torales, tienen que ver con las condiciones equitativas de distribución, proveer a la sociedad del vital líquido a un precio competitivo; certidumbre en la concesión del agua; prórroga de las concesiones, las cuales no deben ser por una sola vez; evitar el surgimiento del mercado negro de derechos de agua y probable acaparamiento del vital líquido.

La consultoría también señala la necesidad del diseño de una política hídrica de largo plazo y términos de seguridad jurídica para el concesionario.

Los analistas de ICC consideraron que la problemática hídrica del país es crítica y compleja, faltante de una adecuada y debida coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Sobre este último punto, la ICC considera de mayor relevancia el contar con la redacción más robusta para cubrir la transición de la desaparición de supuesto de excepción a la caducidad de la concesión mediante el pago de la cuota de garantía, previsto en la Ley de Aguas Nacionales, por su repercusión para los concesionarios.

Los analistas de ICC puntualizan que no debe limitarse la figura de transmisión temporal solo a la Comisión Nacional de Agua, dado que este hecho inhibe tal práctica, dada la falta de certeza de retorno del recurso, “lo que da pie al surgimiento del mercado negro de derechos de agua, por lo que debe permitirse la transmisión temporal entre particulares y reducir la carga administrativa”, subrayaron.

Otro punto que indicaron en que las figuras de las caducidades parciales deben ser instrumentos que permitan evitar el acaparamiento del recurso hídrico y al mismo tiempo garantizar el acceso al vital líquido.

Mencionaron que resulta trascendental que en el proceso se incluyan los diversos sectores, se analice la problemática nacional, a fin de que todos los sectores del país puedan considerar que efectivamente tienen garantizado el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua.

Señalaron que la certidumbre en la concesión del agua resulta esencial.

La iniciativa indica 30 años como plazo máximo de concesión, sin embargo, la constante en la práctica se reduce a sólo diez, los analistas apuntan que esto crea una desventaja competitiva en la adquisición de inversiones, de cara a las facilidades otorgadas en otros países del mundo.

Por ello recomiendan ampliar el plazo máximo y fomentar que los plazos sean por lapsos en razón de las inversiones.

Sostienen que la autorregulación es el camino a seguir para fomentar tanto la prevención de la contaminación como el ahorro y el uso eficiente del agua, como lo ha demostrado la experiencia tanto nacional como internacional.

Refirió que existen diversas voces que han generado ruido sobre los temas no contenidos o regulados dentro de la iniciativa, pues han provocado confusión y sorpresa, pero lo cierto es, que el proyecto de dictamen requiere de ser ajustado para ampliar la cobertura.

:CLAVES

LOS APUNTES

Los analistas de la International Chamber of Commerce dijeron que hay que evitar el surgimiento de un mercado negro de los derechos del agua y evitar el acaparamiento.

La falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno tiene repercusión en el diseño de una política hídrica a largo plazo y de las condiciones de la seguridad jurídica, señalaron.

Analistas de la ICC consideraron que el plazo máximo de concesión de 30 años crea una desventaja competitiva en la adquisición de inversiones,  de cara a las facilidades otorgadas en otros países del mundo.