Juicios orales en plan de 79 universidades

El tiempo para implementar la materia en aulas dependerá de cada institución que firmó la carta compromiso porque en la SEP no hay exigencia.

Puebla

En Puebla, 79 de 82 instituciones que tienen la licenciatura de Derecho se comprometieron a incluir dentro de sus programas de estudios la materia de juicios orales conforme al nuevo sistema de justicia penal, informó Luis Francisco Fierro Sosa, titular de la Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y Administración de Justicia (CEAMPAJ) en el estado.

Fierro recordó que desde el 15 de enero de 2013 entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal y en el caso de quienes litiguen en la región judicial Oriente del estado, donde se implementan los juicios orales, será necesario que los abogados estén especializados en el tema.

En entrevista al término del foro estatal "La Ley de Atención, Asistencia y Protección a las Víctimas: situación actual, perspectivas y desafíos", detalló que en enero el CEAMPAJ llevó a cabo un curso a las instituciones privadas y públicas con carrera de Derecho en la Comisión de Derechos Humanos del Estado, a fin de informarles cómo pueden integrar en sus currículas el nuevo sistema de justicia penal.

Sin embargo, Fierro Sosa indicó que el tiempo para implementar dicha materia y llegue a los tribunales, dependerá de la decisión de cada escuela que firmó una carta compromiso, toda vez que no existe una obligatoriedad por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Aunque dijo el estado poblano sí debe terminar de aplicarla, puesto que el plazo concluye en el año 2016.

"Puebla tiene una gradualidad de implementación que inició en 2013 y concluirá en 2016, cada escuela sabrá qué oferta a los alumnos, si es que pueden litigar desde el 2013 o en el 2016, no hay una normatividad por parte de la SEP o por parte de la Federación", expuso al destacar que la zona Oriente de Puebla está comprendida por los municipios de Teziutlán, Zacapoaxtla, Libres, Serdán, Tlatlauquitepec y Tetela de Ocampo.

Finalmente el titular de la CEAMPAJ indicó que es el 21 de mayo la fecha para que la Secretaría de Infraestructura estatal concluya las casas de justicia de la entidad, ubicadas en los municipios de Acatlán, Izúcar de Matamoros, Zacatlán y Huauchinango, aunque dijo no se tiene el monto de inversión de éstas, ya que aún no está calculada todavía.

Falta un registro estatal de afectados

Puebla carece de un registro estatal de víctimas y, en particular, no existen datos precisos sobre la violación de derechos humanos cometidos contra infantes y adolescentes en temas como la trata de personas.

Lo anterior lo reveló Ileana Galilea Cariño Cepeda, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla, quien destacó que la necesidad de que en Puebla no se caiga en un populismo punitivo.

“La semana pasada presentábamos el informe La Infancia También Cuenta y nos preocupaba mucho que no existen datos precisos sobre lo que se refiere a violación de derechos humanos, concretamente a niñas, niños y adolescentes, en algunos temas específicos como trata de personas”, comentó.

Al participar en el foro estatal “La Ley de Atención, Asistencia y Protección a las Víctimas: situación actual, perspectivas y desafíos” en el hotel Quinta Real de la ciudad de Puebla, Cariño Cepeda resaltó la importancia de que una nueva legislación para proteger a víctimas cuente con el lenguaje adecuado.

Resaltó que la Ley Estatal de Protección a Víctimas debe contener un esquema de evaluación para que las organizaciones analicen los avances en un lapso de tiempo.

“El otro gran pendiente es el tema de la evaluación. Cuando España promulgó su ley integral de Víctimas a Violencia de Género incluyó un artículo transitorio que sugería que las comunidades indígenas realizaran una evaluación a los tres años de la aplicación de la ley. Es decir, hay que preguntarnos de qué manera, las organizaciones, la academia y las instituciones pueden participar en este proceso de evaluación”, comentó.

Por su parte, el diputado local, Franco Rodríguez, destacó que en Puebla existe la disposición de armonizar las leyes locales con la Ley General de Víctimas promulgada en 2013 por el gobierno federal.

Analizan la Ley de Protección a Víctimas

Al encabezar la inauguración del foro “La Ley de Atención, Asistencia y Protección a las Víctimas: situación actual, perspectivas y desafíos”, Roberto Flores Toledano, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), destacó la importancia de construir un nuevo sistema de justicia penal que respete los derechos de las víctimas.

Expuso que en los últimos años las autoridades se han esforzado por construir instituciones e infraestructura que permitan dotar de herramientas al país y a los estados que les faciliten enfrentar este tema, que forma parte de las exigencias de la ciudadanía.

“Hoy vemos aquí otro logro de este esfuerzo como saben, contamos desde enero de 2013 con la Ley de Atención de las Víctimas, ley que como se ha explicado nos permitía reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos”, resaltó al destacar la creación de la Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración de Justicia (CEAMPAJ), además de otras instancias como el Consejo de Seguridad y Justicia, que están cerca de las víctimas.

Marcela Mora Córdoba, directora general de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, consideró que la armonización de la ley federal con la estatal sobre la atención a víctimas, será un gran adelanto para el país.

Alejandro Ponce de León, director general del Programa de Seguridad y Justicia de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), reconoció los esfuerzos del gobernador Rafael Moreno Valle por mantener a Puebla como una de las entidades más avanzadas en la implementación del nuevo sistema de justicia penal y por brindar los elementos para que la protección a las víctimas se consolide.

Finalmente, el presidente del Congreso Estatal, Víctor Giorgana Jiménez, refrendó su compromiso para que Puebla sea un ejemplo nacional en la ley de protección a las víctimas.

Cabe destacar que el foro organizado por la Secretaría General de Gobierno (SGG), tuvo como objetivo analizar y clarificar el contenido, las características y el alcance de la Ley General de Víctimas y su armonización con el modelo poblano, frente al reto de garantizar de manera integral y efectiva los derechos de las personas.

Sector educativo apoya nueva ley con difusión

Las políticas educativas en el estado se ajustarán a la armonización de la Ley General de Víctimas, con el objetivo de promover buenas prácticas en esta materia, señaló Martha Guadalupe Laris Patiño, directora General de Relaciones Educativas Internacionales, Becas y Procuración de Fondos de la Secretaría de Educación del estado de Puebla.

Al participar en el foro estatal “La Ley de Atención, Asistencia y Protección a las Víctimas: situación actual, perspectivas y desafíos”, dijo que el sector educativo será coadyuvante en la difusión de estrategias y acciones para la atención y protección a víctimas de delitos.

Destacó que el marco jurídico de defensa y protección a víctimas vincula requiere de los diferentes órdenes de gobierno e instituciones públicas y privadas a fin de buscar herramientas que garanticen los derechos de las personas.

“Nosotros en el caso educativo promoveremos tres objetivos, difundir la ley, promover una cultura a los derechos humanos, propiciar un ambiente de paz previniendo el delito”.

Comentó que la Ley de Educación en Puebla, ya incorpora algunas normas de la Ley General de Víctimas, como el caso de atención gratuita para víctimas de delitos, apoyo a la equidad, entre otros temas.

Agregó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha implementado diversas estrategias de prevención de la violencia en las escuelas, tal es el caso del Violentómetro infantil, Escuela Segura o la línea EDUCATEL 01 800 714 71 08.

“Las estrategias no surgen sólo de una instancia, se trabaja con diferentes sectores para la promoción de valores, ahora que tengamos la ley estatal de protección a las víctimas aportaremos lo que corresponde”.

Necesario homologar norma con el Código de Procedimientos Penales

Estará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) subsanar algunos criterios que se contradicen entre la Ley General de Víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales, señalaron expertos durante el foro “Ley de Protección a víctimas: situación actual, prospectivas y desafíos”.

Ivonne Rodríguez Vázquez, consultora externa del Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia MSI México y contratista de USAID, señaló que hay criterios que no son iguales en ambas leyes y que pueden afectar el debido proceso, como ejemplo expuso que en la Ley General de Protección a las Víctimas se hace obligatorio tener un asesor jurídico, mientras que en el Código Nacional de Procedimientos penales lo cita como una posibilidad.

Además de que ya se establece que en caso de que si un inculpado con un deber procesal tiene alguna garantía o fianza, ésta se entregará a la víctima de un delito; sin embargo señaló que la medida podría ser violatoria del principio de presunción de inocencia.

Explicó que también se podrían tener oposición con otras leyes como la de prevenir y erradicar la trata de personas y otras por lo que será en la Corte en donde se resuelvan estas y otras contradicciones que pueden ser perfectibles en la ley.

Durante la ponencia denominada “La participación del Poder Judicial para la ejecución de la Ley de Atención a Víctimas de Delitos y de Violaciones a Derechos Humanos”, el magistrado del Tribunal Unitario del Sexto Circuito, Carlos Loranca, destacó la importancia de que el Estado Mexicano haya adoptado la Ley General de Víctimas luego de las recomendaciones de las autoridades internacionales.

Señaló que el antecedente está en la recomendación por el caso Radilla Pacheco, por el que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos pidió la intervención de la Suprema Corte de la Nación y la suscripción de México al pacto de San José en 1981 que derivo en la Ley General de de Protección a Víctimas.

Además de reformas como en la que se permite que los militares involucrado en actividades ilícitas o violaciones a derechos humanos sean procesados por juzgados del fuero común o federal y no por las autoridades militares.

Por su parte, Octavio Pérez Nava destacó que la implementación de la Ley General de Protección a Víctimas genera un equilibrio procesal pues les permite a los agraviados tener una participación directa dentro del proceso penal.

Mientras que Miguel Ángel Huesca Bazán, director de Estudios y Proyectos Normativos de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, destacó que la nueva ley tiene una transversalidad con otras como Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de secuestro, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras.

Necesaria, coordinación interinstitucional para lograr funcionamiento

Para la elaboración de la Ley de Protección a Víctimas del Delito, los diputados locales deben armonizar con las reformas en materia penal y que permitan generar políticas públicas efectivas de lo contrario servirá de muy poco, señaló Marco Cancino Cordero director de Inteligencia Pública, durante su participación en el foro estatal sobre esta nueva normativa.

Cancino Cordero señaló que se debe buscar una coordinación interinstitucional para la atención a las víctimas y no generar una revictimización a la que suelen ser sometidos los ciudadanos que son enviados de un edificio a otro en busca de la atención que necesita.

Explicó que deben lograr la coordinación con entre poderes de lo contrario se seguirán reproduciendo instituciones que su misión será hacer el trabajo de las que ya existen lo que genera burocracia y que es una de las grandes deficiencias en la Ley General de Protección a Víctimas.

Señaló que una ley general define los derechos y los homologa a nivel nacional y cada estado debe adecuarlos con sus particularidades, pero se debe tener en cuenta los términos jurídicos en los que se definirá a la victimas, agresores, autoridades.

Pues al poner en marcha los mecanismos de protección a las victimas quienes hagan el trabajo o los que soliciten el apoyo tendrán dificultades si por un lado la Ley General de Víctimas señala una cosa, el Código Penal único otra, y la constitución por lo que el ciudadano deber ser puesto en el centro del debate.

La ley que aprueben los legisladores locales debe permitir generar políticas públicas eficientes que deben permitir el trabajo interinstitucional entre sí a las dependencias existentes sin olvidar al sistema penitenciario.

Señaló de nada sirve una ley bien diseñada si en la práctica no es bien aplicada, por lo que la ley y su funcionamiento deben permitir el trabajo interdisciplinario entre las instituciones del estado.

Por su parte, Ricardo Sepúlveda Iguíniz, director General de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de Gobierno de la República, coincidió en la necesidad de la armonización de los mecanismos de protección en una sola misión.

Explicó que durante una revisión se encontró que existen a nivel federal por lo menos 65 programas en materia de Derechos Humanos trabajando en forma separada por lo que se está trabajando para unificar los esfuerzos y señaló que la necesidad que en los estados haya un programa de derechos humanos que trabaje con la ley que se aprobará en próximas fechas.