Juez federal ordena otra vez al Legislativo que pague adeudo a empresa López Castro

Aseguran que no se cuantificó el monto; presentarán una queja.
El Legislativo local debe 58 millones de pesos a los particulares.
El Legislativo local debe 58 millones de pesos a los particulares. (Milenio)

Guadalajara

El Juzgado Tercero de distrito en materia civil requirió de nueva cuenta al Congreso del Estado para que pague a la empresa Consultora López Castro y Compañía, para lo cual fijó un plazo de 24 horas. Como respuesta, el Poder Legislativo interpondrá una queja en contra del juez y además remitirá un escrito en el que señala que no se cuantificó el pago que tendría que hacerse.

La resolución fue informada en la sesión que celebró ayer la Junta de Coordinación Política, donde la directora Jurídica, Raquel Álvarez, planteó que todavía hay alternativas legales para responder, ya que incluso quedaría una segunda instancia, es decir, ir al tribunal. Además, propuso presentar una queja en contra del juez y observar que no se precisó el monto a pagar.

Algunos legisladores todavía plantean que se responda que hay “voluntad” para cumplir la sentencia y se cree una partida especial para el pago de adeudos, aunque no se le asignen recursos en el gasto del próximo año.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Héctor Pizano Ramos, explicó que la próxima semana se conocerá si la queja prosperó y, en ese momento, se deberá tomar una decisión sobre las acciones a emprender. Indicó que si no procede, “se tendrá que ir provisionando en el presupuesto una partida específica para buscar el cumplimiento”.

La empresa López Castro fue contratada por la LVIII Legislatura para recuperar recursos pagados en exceso a la Secretaría de Hacienda, servicio por el cual cobraría 40 por ciento. Al comenzar la anterior Legislatura, la empresa reclamó un pago de 42 millones de pesos y ya sobre el final de la misma, los ex diputados admitieron que le debían 84 millones de pesos y firmaron un convenio para pagarle solo 58 millones, el cual se elevó a categoría de sentencia.

Lo anterior, a pesar de que pudo comprobarse que la empresa nunca prestó sus servicios.

La actual Legislatura ha emprendido diferentes acciones para evitar el pago a la empresa, entre las que está un embargo del monto en disputa, es decir, los 58 millones de pesos.