Jalisco, entre los estados con mayor discriminación

En el ámbito laboral y el educativo es donde se presenta más esta práctica, pero persisten grupos específicos a los que se menoscaban varios derechos.

Guadalajara

De acuerdo con datos recabados por diputados locales del grupo G-9, “Jalisco es uno de los estados del país con mayor discriminación”, sostuvo Fabiola Loya Hernández, legisladora por el partido Movimiento Ciudadano (MC), quien enfatizó que esta práctica prevalece “por la impunidad”, pues no hay organismo que sancione los actos discriminatorios (todos aquellos que tiendan a anular o a evitar el acceso o algún derecho).

“Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco en 2013 se encuentra ya en el top ten de los estados con mayor índice de discriminación”, lamentó.

A pesar de esto, han pasado tres legislaturas y con ellas se han ido las propuestas para crear este organismo y legislar en la materia, incluido el proyecto impulsado por cerca de 40 organismos de la sociedad civil que desde 2004 integran el colectivo Jalisco Incluyente. Esta agrupación señala que hoy sólo nueve estados del país, no tienen una ley antidiscriminación.

“Definitivamente ya no podemos esperar más. Éste es el momento. Un grupo de diputados estamos interesados en impulsar temas de la agenda social en esta legislatura… Hay un clamor fuerte por parte de la sociedad y hay grupos que han sido vulnerados, por la misma falta de cultura, de respeto a los derechos y por la falta de una legislación en la materia”, subrayó Loya Hernández en entrevista con MILENIO JALISCO, tras señalar que en el G-9 escucharon al citado colectivo y trabajaron una nueva propuesta.

Loya y Víctor Manuel Sánchez Orozco, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), presentaron el pasado 11 de febrero la iniciativa de Ley Antidiscriminación. El pasado 3 de marzo, el panista dio a conocer además los resultados de las mesas de consulta sobre el tema.

Muchos rostros, una práctica

El Reporte sobre la Discriminación en México 2012, señala que el mayor número de actos discriminatorios denunciados en el país acontecen en el ámbito laboral, donde se segrega y niega el acceso a un trabajo digno por muchas situaciones que pueden resumirse así: los empleadores prefieren contratar personas jóvenes (18 a 35 años), con buena salud y en no pocos casos con buena apariencia física. Solteras, sin hijos -menos embarazadas-, en el caso de mujeres.

En Jalisco, que no es de los más castigados por el desempleo, afloran ejemplos de discriminación laboral. Raúl tiene 30 años y vive con sida. Aunque cuenta con estudios de secundaria, su último empleo fue haciendo labores de limpieza. Él asegura que no esconde su condición de salud, pues no se avergüenza y además requiere de permisos para acudir a sus consultas en el Hospital Civil “y ahí es cuando viene el problema”, comentó. Por ahora, carece de trabajo y sobrevive de caridad.

Andrea no sufre enfermedades. Es joven -28 años-, estudió una carrera y trabajaba como administrativa en un colegio particular. Tras su incapacidad por maternidad ya no le renovaron el contrato. “Me dijeron que hubo recorte… yo estoy segura que fue por ser mamá, porque es como una política, quieren personas que no les den problemas y sí les importa mucho la apariencia”, narra. Ella busca trabajo, pero haber perdido un empleo formal le quitó derecho a guardería infantil y esa sola búsqueda se ha vuelto tortuosa.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), da cuenta que el mayor número de quejas por discriminación se han presentado contra el sistema educativo, porque en escuelas públicas se niega el derecho de los niños a ir a la escuela debido a circunstancias especiales, particularmente por discapacidad.

Si bien en el ámbito laboral y el educativo es donde se documenta mayormente esta práctica, persisten grupos específicos  severamente que por sus diferencias, ven menoscabados varios derechos: las etnias indígenas, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los migrantes y los individuos de la diversidad sexual. Las mujeres, por sólo esta condición, son más afectadas que los varones.

En 2013, de acuerdo con cifras preliminares, el Conapred recibió poco más de mil 200 casos. De ellos, calificó un total de 607 expedientes de queja como presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares, de los cuales, la mayoría, -138- corresponden a personas con discapacidad. En cuanto a reclamaciones contra instituciones públicas, 259 fueron calificados como actos de presunta discriminación, 59 de ellos relativos a condiciones de salud.

Otros ejemplos de discriminación en extremo son expuestos por la Comisión Ciudadana de Crímenes por Homofobia, organismo que señala a Jalisco en cuarto lugar nacional por estos actos; mientras que el Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cladem AC), también reporta a Jalisco entre las primeras cinco entidades con más feminicidios (homicidios en contra de mujeres, por razón de género) que se han disparado 300 por ciento en la última década. Ambos ejemplos son de delitos y a la vez de violaciones al derecho a la vida que podrían revertirse fomentando la tolerancia y la no discriminación; y evitando la impunidad que hoy prevalece en la mayoría de estos asesinatos.

El proyecto de ley

El proyecto de Ley para Promover la Igualdad, Eliminar y Erradicar la Discriminación en el Estado de Jalisco (Ley Antidiscriminación) que hoy impulsan los diputados del G-9 integra tres iniciativas en una sola propuesta que propone crear un ordenamiento de aplicación para todas las instituciones públicas de Jalisco, para las personas físicas y para las personas morales.

Incluye la creación del Instituto para Prevenir y Eliminar las Formas de Discriminación; un organismo autónomo, con patrimonio propio y con capacidad de vigilar y sancionar; lo que combatirá la impunidad de los actos discriminatorios. El proyecto establece un catálogo de prácticas discriminatorias –qué se sanciona y qué no-, el procedimiento de denuncia y la obligación de entes públicos de generar políticas públicas para prevenir la discriminación.

La diputada Fabiola Loya subrayó que la iniciativa está armonizada con la ley federal y las reformas más recientes en el Senado.

“Esta ley permitirá impulsar también lo que llamamos medidas positivas, es decir ofrecer oportunidades iguales reconociendo y respetando las diferencias, para que éstas no sean motivo de exclusión”, confió la legisladora.

Claves

La discriminación

- Es una práctica que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo.

- Para efectos jurídicos, la discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción, a causa de alguna característica propia de la persona o grupo, que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho.

- Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos. Tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida.

- Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o condiciones de vida.

- Los motivos más frecuentes de discriminación son: el sexo, el origen étnico o nacional, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, la ideología y opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias.

Fuente: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

La propuesta del  G-9

- Crear un ordenamiento de aplicación para todas las instituciones públicas de Jalisco, incluyendo a las personas físicas y morales

- Crear el Instituto para Prevenir y Eliminar las Formas de Discriminación; un organismo autónomo, con patrimonio propio y con capacidad de vigilar y sancionar

- Establecer un catálogo de prácticas discriminatorias (49 por ahora) para evitar vacíos legales. No es limitativo, se puede ampliar

- Definir el procedimiento para la denuncia y la sanción de las prácticas discriminatorias

- Generar obligaciones para los entes públicos con el fin de eliminar los obstáculos que impidan ejercer los derechos de las personas; promover la cultura de respeto y equidad; implementar políticas públicas en la materia

- Implementar sanciones a personas físicas y personas morales desde 100 hasta 1500 salarios mínimos más reparación del daño; y a servidores públicos desde 300 salarios mínimos hasta 1500 salarios mínimos; más medidas compensatorias y desde una amonestación hasta la suspensión de labores de 30 a 60 días o definitiva en caso de agravantes

- Etiquetar recursos para implementar programas antidiscriminación, las medidas positivas (a favor de la igualdad) y para el cumplimiento de las medidas de reparación y compensación

Fuente: Iniciativa de Ley Antidiscriminación G-9