Jalisco y Colima acuerdan perseguir judicialmente a Idea

Con acuerdos un grupo del ejido Ayotitlán buscará desistirse del amparo 462/2013.
El pasado 30 de julio los 33 ejidatarios fueron liberados tras ser acusados de supuesto secuestro.
El pasado 30 de julio los 33 ejidatarios fueron liberados tras ser acusados de supuesto secuestro. (Cortesía)

Guadalajara

El gobierno de Jalisco firmó acuerdos con su homólogo de Colima, con la transnacional Peña Colorada y con el grupo político de Ayotitlán que encabeza el ex dirigente del Consejo de Mayores, Gaudencio Mancilla Roblada, tendiente a perseguir y castigar al grupo “externo” que a su juicio instigó la toma de “instalaciones privadas” de la mina que derivaron en los hechos violentos del 22 de julio pasado.

También se allanó el camino para que el núcleo ejidal se desista del amparo 462/2013 cuya suspensión judicial perjudica los intereses del consorcio minero,  con el cual “no existe conflicto” ni reclamo pendiente.

Estos acuerdos fueron  alcanzados en reuniones realizadas los días 27 y 28 de julio,  cuando no se había resuelto la crisis de 33 ejidatarios y un pasante en derecho detenidos y acusados por Colima, de  forma prefabricada, del delito de “secuestro consumado “, cuyas endebles pruebas no convencieron al juez de  turno, lo que derivó en la liberación de 33 campesinos el pasado 30 de julio.

A las negociaciones no asistió la representación ejidal legalmente constituida desde finales de 2014,  pues los miembros del comisariado no reconocen en Gaudencio Mancilla una representación legal,  además de que trascendió que el gobierno de Colima emitió orden de aprehensión en su contra.

No obstante, los acuerdos -de cuyas minutas posee copias MILENIO JALISCO- se dieron con la aceptación de los ejidatarios habilitados por el gobierno de Jalisco como negociadores, de que se había cometido delitos en perjuicio de la mina y estos podían perdonarse siempre que se acusara a los “externos”, en clara alusión al trabajo de asesoría de Pedro León Corrales y Raquel Gutiérrez Nájera en la asociación civil Instituto de Derecho Ambiental  (Idea).

“Ambos gobiernos acuerdan se inicien las investigaciones referidas a quienes instigaron a la violencia y mal informaron  (...) el gobierno de Jalisco y ejidatarios revisarán y propondrán a la asamblea general la pertinencia de desistirse de las quejas y amparos promovidos en contra del gobierno de Colima y sus diferentes dependencias”, señala una de las minutas.

La promesa del grupo de Gaudencio Mancilla es que cualquier acción futura contra Peña Colorada “se hagan por los cauces jurisdiccionales o administrativos” sin aceptar influencias externas. Ayer en Guadalajara ya se dio un primer acercamiento con el comisariado que promovió ejercer los derechos sobre las tierras controvertidas con la poderosa ferrosa de grupo Ternium.