“Intereses” frenaron la Ley General de las Ciudades

La legislación está terminada y corrige errores de tres décadas, pero fue “congelada” por cambio de postura de la Sedatu e indecisión de fracción del PRI, pese a su enorme importancia.

Guadalajara

La creación de la nueva Ley General de Las Ciudades y el Territorio, que significaría terminar con 22 años de permisividad y caos en el desarrollo urbano en el país, se ha visto interrumpida por el exitoso lobby de los grandes constructores de vivienda y de políticos relacionados con el sector, ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), lo que propició que los senadores priistas no propiciaran su aprobación.

De este modo, será hasta el periodo de sesiones que abre en septiembre cuando se volverá a plantear para su discusión, pese a un trabajo de más de 18 meses y a la condensación de más de una decena de iniciativas que datan, las primeras, del año 2011, dijo el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano de la cámara alta, Francisco Búrquez Valenzuela.

“Es una catástrofe muy seria la que estamos viviendo en la calidad de vida en las ciudades,  esta ley estuvo contemplada [para aprobarse] desde finales del año pasado, estaba consensuada con la Sedatu, y de último momento hubo un cambio de percepción; se ha tratado de subir también una reforma a la Ley de Vivienda, haciéndola más compleja”, dijo en entrevista con MILENIO RADIO.

- O sea, como siempre hay resistencias de los grupos de interés que han estado medrando con laxitud que hay en la entrega de permisos y la autorización de proyectos…

- Sí, hay mucha discrecionalidad de parte de los gobernantes en este tema, y entre lo que busca esta ley está acabar con esta discrecionalidad, pero también actualizar una norma que tiene prácticamente 30 años sin haberse renovado, y que además está fincada sobre principios equivocados; nos hemos dado cuenta en las últimas cuatro o cinco décadas que los principios en los que se estuvo encausando la legislación para construir nuestras ciudades, estaban rotundamente equivocados, y por eso la gente sufre muchísimo, dado que se tiene que ir a vivir a las periferias, y pasa parte de su vida arriba de un camión, transportándose, parado en un embotellamiento de tránsito, y el peatón no tienen ningún privilegio.

A su juicio, la distribución de los usos urbanos de las urbes mexicanas como Guadalajara implican esquemas que “ya no tienen vigencia en el mundo; se detectan o se declaran zonas comerciales en un lado, zonas habitacionales de baja densidad en otras, zonas de alta densidad más delante, y entonces la gente anda como loca de una parte hacia otra, desplazándose, disminuyendo su calidad de vida, afectando su bolsillo en ambas cosas”.

Las instancias de decisión cambiaron de opinión e impidieron aprobar la norma que dejaría obsoleta la Ley General de Asentamientos Humanos, cuya reforma de 1993 es la base de la mercantilización del desarrollo urbano y de grandes negocios a costa de bienes públicos.

“Nosotros en dos semanas terminamos el periodo, y el nuevo periodo inicia en septiembre; no va a ser posible desgraciadamente sacarla antes; tiene que haber más conciencia en la Sedatu, que es la instancia del gobierno federal que influye al grupo parlamentario del PRI, para que saquemos adelante esta iniciativa; hubo cambio de titular en la Sedatu, y el nuevo apenas se está empapando, así que desgraciadamente no va a ser antes de septiembre de este año, aunque las ciudades verdaderamente tienen una urgencia en el tema”, subrayó.

Destacó que el libertinaje urbano es causante de que 60 por ciento de familias mexicanas necesitadas de techo“año con año se ven orilladas a iniciar su hogar en un predio irregular, informal, o incluso en zonas de peligro, porque es imposible que este tipo de familias, que no tienen acceso a crédito Infonavit, que son integrantes de la economía informal, y en consecuencia no tienen acceso a otros créditos, tienen que hacer su hogar en un esquema de autoconstrucción, y entonces no puede haber un fraccionamiento legal que cumpla con los requisitos de los reglamentos municipales, que son excesivos; entonces, por lo general este tipo de mexicano  cae presa de invasores, de líderes que medran con esta necesidad”. 

El senador panista dijo que dejaron el dictamen “con un grado de consenso de 95 por ciento, por lo que solo nos falta aterrizar ese 5 por ciento, en el cual genera muchos temores, porque precisamente vienen sanciones a gobernantes y a personas que permitan que se generen estos asentamientos irregulares, y  obliga a las zonas conurbadas a que los municipios tengan un solo plan de ciudad, como sería con la zona conurbada de Guadalajara, la obligación de que trabajen en sintonía todos los municipios”.

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DE LOS “GRANDES INTERESES”

El poderoso sector inmobiliario, que ha hecho fortuna con las necesidades de vivienda de una población creciente, y que multiplicó ganancias en medio del caos propiciado por las reformas de 1993 a la Ley General de Asentamientos Humanos, la cual entregó a los municipios –y en consecuencia, a los propios inversionistas- el control del desarrollo urbano, ha sido el escollo más fuerte a todas las tentativas de corrección del sistema.

En Jalisco, la revisión y actualización del plan de la zona conurbada de Guadalajara (1997-1998) no derivó en decreto del Ejecutivo porque los desarrolladores se opusieron a las restricciones de uso del territorio que planteaba, por lo que presionaron a los cabildos y al propio gobierno del estado para frenarla, bajo el chantaje de ser grandes aportadores a las campañas políticas.

Con posterioridad a esa tentativa fracasada, se vieron los efectos que el núcleo empresarial buscaba: enormes “desarrollos con vivienda de bajo costo, en zonas inadecuadas y sin acceso a servicios básicos. El desastre urbano del poniente y norte de Zapopan, del valle de Toluquilla, de la cuenca de Cajititlán y de la barranca del río Santiago, al norte de la ciudad, es patente.

Con el ingreso de los nuevos gobiernos (2012-2013), la Administración federal vía la Sedatu modifica la política de subsidios a la vivienda para densificar centros urbanos, pero la presión de los “vivienderos” convirtió los polígonos regulares en extrañas demarcaciones geográficas para mantener el acceso a subsidios para financiar proyectos de dudosa calidad urbana.

El último capítulo de exhibición de poder de los empresarios de la vivienda es el veto a la Ley General de las Ciudades y el Territorio, lo cual mantiene en la discrecionalidad y la falta de rendición de cuentas la emisión de permisos de fraccionamientos y la custodia de los espacios públicos, pese a la creciente irritación de grupos sociales vulnerables.

FUENTE: archivo de MILENIO JALISCO