Peña Colorada arrecia presión para que el amparo se retire

Dinero y amenazas, denuncia la directora del Instituto de Derecho Ambiental Raquel Gutiérrez Nájera

Guadalajara

La empresa minera Peña Colorada, actualmente propiedad de un conglomerado internacional (Ternium-Ispat y Mittal Steel), ha buscado mantener en el limbo los derechos del ejido nahua de Ayotitlán, y busca generar que el amparo que pone en riesgo la propiedad que le otorgó el gobierno colimense, sobre la zona en conflicto de Jalisco y Colima, sea echado abajo, denuncia la presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera.

“El 12 de Septiembre de 2015, compareció la representante legal del consorcio minero para otorgar el perdón a los 33 nahuas [que habían sido liberados semanas atrás, tras la refriega del 22 de julio]; ellos en su gran mayoría fueron presionados para que acudieran al juzgado para aceptar el perdón y a cambio les entregarían las catorce camionetas que les fueron retenidas. De igual manera, a decir de los nahuas procesados, el presidente del Comisariado ejidal, Ernestino Ciprián Ocaranza, fue casa por casa a presionarlos para que aceptaran el perdón de la empresa, ofreciéndoles dinero y liberar las camionetas”, señala en una nota entregada a MILENIO JALISCO.

En la actualidad, “son quince nahuas los que aún no aceptan el perdón porque ellos están conscientes de que no cometieron ningún despojo en contra de la empresa, su intención de estar en terrenos de su propiedad rentados a la empresa era exigir pagos pendientes y además el acceso les fue permitido por los mismos empleados de Peña Colorada. Por su parte Eduardo Mosqueda, al conocer del perdón que también lo beneficiaba a él, aunque Peña Colorada a él no se lo otorgó, no lo aceptó, ya que ello implica el reconocimiento tácito de un delito que nunca cometió”.

A decir de la abogada, la ofensiva de la empresa, asociada a los gobiernos de Jalisco y Colima, ha sido insuficiente para echar abajo el amparo (revisión 231/2013 del juicio 462/2013). Pero lo cierto es que la disputa por las tierras donde la minera explota desde hace casi cinco décadas el mayor yacimiento ferroso del país, en la porosa frontera de Jalisco y Colima, ha descarrilado con frecuencia la estabilidad comunitaria de los poblados nahuas de la sierra, que reclaman los derechos legítimos sobre ese territorio, no obstante el extravío de sus títulos primordiales; esos derechos no cambiarían incluso si, como pretende el gobierno de Colima, esa zona estuviera dentro de la soberanía de esta entidad.

La doctora en derecho señala que se exigirá la inhabilitación del juez 1 de lo penal de Colima, dado que demostró a lo largo de los juicios, ser un “juez de consignas” operado desde la secretaría de Gobierno de Colima, pues en cinco ocasiones no dio cumplimiento cabal a lo que planteaba el amparo para liberar al litigante Eduardo Mosqueda Sánchez.

“Ellos, a través de este juez logran una resolución a su medida, que buscaba golpear directamente al Instituto de Derecho Ambiental […] jamás se acredita algún elemento que haga probable la responsabilidad de Eduardo Mosqueda, ni en despojo, ni en privación ilegal de la libertad, y mucho menos secuestro con pago de rescate, como fue al acusación que le imputaron originalmente; hay antecedentes de otros activistas sociales que también han sido criminalizados de este modo”, señala por su parte el responsable agrario del Idea, Pedro León Corrales.