Insisten en alterar el arroyo en San Pancho

Máquinas y trabajadores, de forma sorpresiva, movieron material para rellenar un terreno contiguo al cuerpo de agua de Riviera Nayarit.
La pretensión de modificar el cauce viene desde 2014
La pretensión de modificar el cauce viene desde 2014 (Milenio Digital)

Guadalajara

Por unas horas, ayer se revivió la pesadilla de diciembre de 2014, con palas mecánicas y camiones materialistas que acarreaban toneladas de tierra del lecho del arroyo de Los Izotes, para depositarlos en el terreno contiguo, propiedad de Inmobiliaria San Pancho, que ha intentado aún sin éxito ampliarse a costa de la zona federal. La empresa negó cualquier relación con el asunto, y señaló que se trataba de obras del municipio de Bahía de Banderas.

Al caer la noche, los vecinos, alarmados con el despliegue, detuvieron los trabajos y obligaron a la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), instancia que levantó un acta al tiempo que advertía que los trabajos no podrían reanudarse.

La pretensión de modificar el cauce viene desde 2014. En ese entonces, la inmobiliaria exhibió permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para mover el bordo tradicional del poblado a un nuevo trazo, que permitía ensanchar el predio contiguo de su propiedad, lo que angostaba el paso del agua y aumentaba el peligro de inundaciones en caso de lluvias copiosas.

Clausuradas las obras en enero, la Profepa dictaminó en abril la necesidad de regresar el cauce a su funcionamiento original, pero diversos problemas burocráticos y legales lo han impedido: desde la indefinción de competencias entre la propia Profepa y la Conagua hasta la existencia de una suspensión judicial en el marco de un juicio de amparo promovido por la comunidad agraria de Sayulita contra la construcción del bordo.

Los vecinos de San Francisco se quejaron ayer de la “tibieza” de las instituciones, pues el trabajo de inspección de la Profepa no derivó ni siquiera en alguna detención pese a la flagrancia, que daba la posibilidad de entregar a la Procuraduría General de la República (PGR) a los presuntos infractores, por tratarse de delitos del orden federal.

Lo cierto es que son casi cinco meses en que no se puede resolver la orden que dio la autoridad de remover el nuevo bordo y regresar al cauce natural su anterior espacio.

“… En la resolución administrativa se le ordenó a la empresa [Inmobiliaria San Pancho] la restauración ecológica del estero San Pancho, lo cual implica el retiro del bordo y la reforestación con majagua; desprendiéndose de las constancias del respectivo expediente administrativo, que la empresa ha realizado gestiones ante diversas autoridades para retirar el bordo con la finalidad de obtener, en su caso, los respectivos permisos para su derribo y disposición de los residuos generados, así como para adquirir de viveros autorizados los ejemplares de majagua para la reforestación; sin embargo, aún no recibe la respuesta de las autoridades, por lo que solicitó una prórroga para cumplir con las medidas correctivas, la cual le fue concedida con la finalidad de que el retiro del bordo se realice en estricto apego a derecho”, dijo la Profepa, a los vecinos, en una comunicación de junio pasado (MILENIO JALISCO, 4 de junio de 2015).

Prórrogas, permisos insuficientes, amparos… y acciones “espontáneas”. La justicia ambiental permanece en suspenso en San Pancho.