Inhabilitan por una década a 6 del Gabinete de Rodrigo

La Contraloría les impuso sanciones económicas para resarcir el daño al erario.

Monterrey

Al menos seis ex funcionarios de la administración estatal fueron inhabilitados por 10 años, al presuntamente comprobarles que cometieron irregularidades cuando desempeñaron sus cargos.

Nora Elia Cantú, contralora general del Estado, afirmó que después de las investigaciones también se impusieron sanciones económicas para resarcir el daño al erario.

Mencionó que, por irregularidades en el otorgamiento de incentivos a la empresa Siderúrgica Linares, se iniciaron 10 procedimientos de responsabilidad administrativa, de los cuales ya se tienen cinco resoluciones.

En las resoluciones se inhabilita por 10 años a Rodolfo Gómez Acosta, ex secretario de Finanzas; Juan Francisco Livas, ex director general del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado (Fidecitrus); Rolando Zubirán, ex secretario de Desarrollo Económico; Luis Gerardo Marroquín, ex secretario de Obras Públicas; así como a Ramón Villagómez, ex director general de la Corporación Estatal para el Desarrollo Agropecuario.

A los cinco se les impuso una sanción resarcitoria en forma solidaria por 210 millones de pesos. En tanto, se detalló que el resto de las resoluciones se informarán posteriormente.

En otro caso, por irregularidades consistentes en la autorización de pago de una obra no realizada y pagada en su totalidad, sin estar terminada y sin reunir las características contratadas, se dictó sanción a otro ex funcionario.

A Víctor Martínez Trujillo, ex director general del Sistema de Caminos de Nuevo León, se le inhabilitó por 10 años y se le aplicó una sanción resarcitoria que asciende a 12 millones 900 mil pesos.

La funcionaria detalló que, aunado a estos resultados, se han integrado 117 casos con quejas, denuncias, resultados de auditorías, revisiones y verificaciones realizadas por las dependencias y la Contraloría.

A su vez, destacó que se investigan 42 casos, los cuales han derivado en 28 procedimientos de responsabilidad administrativa, y en 47 casos se advirtió presunta responsabilidad en delitos penales y se presentaron denuncias correspondientes.

Agregó que las dependencias involucradas en anomalías han sido también la Secretaría del Trabajo; Obras Públicas; Secretaría de Finanzas; Secretaría de Desarrollo Económico; Secretaría de Seguridad Pública; Secretaría de Educación; Sistema de Caminos; Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey; Metrorrey; y la Secretaría General de Gobierno.

Asimismo, reveló que se ha actuado para deslindar responsabilidades administrativas y penales por el presunto delito de destrucción y desaparición de información en el Gobierno.

Sobre las paraestatales, se hizo de conocimiento a las respectivas dependencias para las investigaciones correspondientes.