Indagan a CAPECE, Seguro Popular, Iprovipe y…agente

Para que haya una sanción tiene que haber un tipo penal; es diferente una mala acción que un delito, detalla el fiscal general Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco. Indicó que se están ...

Guadalajara

Las denuncias penales que a inicio de la Administración de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz se anunciaron contra ex funcionarios y dependencias estatales donde se encontraron irregularidades durante la Administración de Emilio González Márquez, ya están en curso, confirmó el fiscal general, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco.

“Que yo recuerde es el CAPECE (Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas)…, pero sí tenemos ahí tres o cuatro denuncias”, indicó el funcionario en entrevista con MILENIO JALISCO.

Además de este organismo, el cual fue severamente cuestionado la pasada Administración, al darse a conocer un posible desvío de recursos así como el que se asignaban obras de manera directa por parte del que era su titular, Salvador Uribe Avín, otras dependencias como la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público (Iprovipe) o el programa de Seguro Popular también son investigadas penalmente en la fiscalía, confirmaron fuentes cercanas a las indagatorias.

En la primera por un posible desvío de recursos para financiar la Villa Panamericana en el 2011 y en el Seguro Popular por darse a conocer irregularidades en el manejo del padrón de afiliados.

“Para que haya una sanción tiene que haber un tipo penal; es muy diferente una mala acción reprobable moralmente hablando que un delito. Hay acciones que pueden ser reprobables y hay acciones que son señalamientos y presunciones”, explicó Nájera Gutiérrez de Velasco.

Agregó que él como fiscal tiene la obligación de demostrar que hubo un desvío real en estas dependencias.

“Si tú dices que mal utilizaron tal cantidad de dinero, pero si al hacer un análisis real vemos que ese dinero se adecuó, nosotros no podemos decir que fue muy caro o muy barato lo que se hizo, si se fue al destino para el que estaba encaminado desde el principio, si hubo un error en la determinación de contratar a tal o cual persona, puede ser reprobable moralmente, pero a lo mejor no es materia de un delito”, mencionó.

Una cuarta averiguación previa también se inició en contra de un integrante de la Policía Investigadora de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, al parecer porque encontraron datos de que su patrimonio no correspondía a sus ingresos, lo cual hace presumir de una posible acción constitutiva de delito.

“Entonces la responsabilidad y el trabajo de la Fiscalía es precisamente encuadrar una acción con un delito; inclusive cuando salieron las famosas grabaciones, bueno, una grabación que es obtenida sin consentimiento de una persona no es prueba de un delito y a nosotros nos atan de manos porque a lo mejor, lo vuelvo a repetir, es una situación muy lamentable y a lo mejor es presunción de un delito, pero yo tengo que encuadrarlo sin utilizar esa grabación”, detalló.

Aunque no dio más datos sobre las indagatorias que se iniciaron en la dependencia, el fiscal aseguró que se está integrando toda la información que tienen con el objetivo de demostrar que hubo un lucro indebido, un enriquecimiento ilícito o que hubo algún delito.

“Estamos trabajando para integrar porque tienes que recordar que tenemos que hacer peritajes, el abogado no es todólogo; si a mí me dicen “oye, es que yo aquí dije que iba a poner un piso de tantos centímetros”, pues, al ver piso, pues es piso ¿no? Tienes que contratar un perito que nos diga si se incurrió en un gasto innecesario, si se mintió, si no se mintió, si los materiales son los que se dijeron o no, si al hacer esto hubo un enriquecimiento, por parte de quién hubo un enriquecimiento, se tiene que mandar citar a la gente. Tienes que ir acomodando las cosas y ver hasta dónde y quiénes son los responsables de tal o cual situación. Suena sencillo, pero no es tan sencillo, entonces a lo mejor la responsabilidad no es contra el funcionario, va contra otra persona”, detalló Nájera Gutiérrez de Velasco.

Por último, precisó que en caso de acreditar que se cometió un delito consignará a los involucrados, aún cuando sean sus ex compañeros de gabinete.

“Mira, creo que hemos demostrado, hemos consignado –desde toda mi carrera de 25 años- yo he consignado y puesto a disposición a amigos míos, compañeros muy cercanos”.

DESVÍO EN IPROVIPE, POR MÁS DE 20 MDP

Desaparición de documentos relacionados al fideicomiso de la Villa Panamericana, así como el desvío de recursos, fueron investigados por la Contraloría del Estado en la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado de Jalisco (Iprovipe) y por la cual existe una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado.

Las indagatorias son por un presunto desvío por 20 millones de pesos destinados al programa para dotar de accesorios ecológicos a la vivienda, de cuyos destinatarios nunca se tuvo registro. Y es que en el instituto, la Contraloría a cargo de Juan José Bañuelos, investigó el destino de los recursos para dotar de “paquetes ecológicos”, debido a que se desconocía el número e identificación de los beneficiados con el programa.

Las observaciones hacia el instituto incluyen la falta de información respecto a la inversión realizada por éste, en la Villa Panamericana, por la que se endeudó en la pasada Administración por más 400 millones de pesos.

Además de las posibles irregularidades en las que se habría incurrido en el Instituto, también al igual que otras dependencias, dejó un importante pasivo con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal). A principios del 2013, la deuda del Iprovipe con el Ipejal era de más de 7 millones de pesos.

LOS SEÑALAMIENTOS CONTRA EL CAPECE

Durante los seis años de su gestión al frente del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), Salvador Uribe Avín contó con un gasto total de 5,475 millones de pesos, de los cuales, 1,537.9 millones (28 por ciento), fueron adjudicados de forma directa, lo que revela que lo que la ley prevé como “excepción”, fue regla.

En términos generales, los señalamientos contra el funcionario van más allá de un problema de manejo discrecional, según innumerables denuncias presentadas por empresas a lo largo de los últimos tres años de la administración anterior: CAPECE dio asignaciones directas a cambio de “comisiones” de 10 a 20 por ciento del monto de los proyectos; Francisco José Ontiveros Balcázar, director de Obra, favoreció a familiares suyos en primera generación, con más de 28 millones de pesos en contratos; la adquisición de 550 mil loncheras y siete mil campanas de metal por 23.6 millones de pesos, fueron a favor de un sólo proveedor, Héctor Orozco, con cuatro firmas distintas y sin acreditar ser la mejor opción en precio y calidad; hubo un negocio de fianzas falsificadas tolerado desde la dirección; laboratorios de computación fueron recibidos sin cubrir estándares mínimos; operó la falsificación de bases de licitación pública nacional (un caso documentado, la licitación 431030002-022-10) como modus operandi habitual de los directivos del organismo. (Agustín del Castillo/Guadalajara)

EL SEGURO POPULAR, SEÑALADO DESDE HACE UN AÑO

En las últimas horas de la pasada Administración comenzaron a salir a la luz pública irregularidades en el manejo del padrón de afiliados del Seguro Popular. Personas que presuntamente recibieron servicios médicos en hospitales particulares utilizando nombres de pacientes inscritos en este esquema de protección social en salud.

Un día antes de dejar su cargo como secretario de Salud, José Antonio Muñoz Serrano, anunció que presentaría una queja ante la Contraloría estatal y una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado por la presunta violación de datos personales, presumiendo que servidores públicos facilitaron el acceso a los expedientes. Aseguró que no hubo desvío de recursos, pues los servicios que se reclamaban no se pagaron.

En abril de 2013, su sucesor, Jaime Agustín González Álvarez, contrató a una empresa privada para hacer una auditoría especial, iniciativa que se vino abajo antes de echarse a andar. La Contraloría del estado se hizo cargo de revisar al Seguro Popular.

La nueva gestión arrancó con una deuda -se dijo era de 500 millones de pesos, luego se estimó en más de mil- producto de insuficiencia presupuestal en 2012. Incluso se usaron 200 millones de pesos para pagar cuatro quincenas de nómina, en perjuicio de los proveedores (MILENIO JALISCO, Abril 27 de 2013).

El actual titular del Seguro Popular, Antonio Cruces Mada, aseguró en días pasados que ya se pagó prácticamente la totalidad de la deuda heredada (salvo a Grupo Lomedic). Sin embargo, dijo desconocer los resultados de la revisión que realizó la Contraloría. (Maricarmen Rello/Guadalajara)