Inadmisible tener un salario mayor al del gobernador

“Aunque tengamos autonomía hacendaria”, dice el presidente municipal de Tulancingo.
Julio Soto Márquez dice haber ajustado su sueldo.
Julio Soto Márquez dice haber ajustado su sueldo. (Héctor Mora)

Pachuca

El alcalde de Tulancingo, Julio Soto Márquez, consideró inadmisible que un servidor público municipal tenga un salario superior al de un gobernador, o que sea oneroso en una demarcación con grandes carencias y rezagos sociales.

“Aunque tengamos autonomía hacendaria, porque así lo mandata el 115 constitucional, debemos hacer un ejercicio de auto reflexión, me parece oprobioso el que algunos alcaldes ganen más que el gobernador, eso es inadmisible, en ninguna entidad federativa se debe dar, y si se están presentando casos en Hidalgo ojalá los presidentes reflexiones y vean que hay que rendirle cuentas a los ciudadanos que nos llevaron al ejercicio del poder”, indicó.

El edil reconoció que al iniciar la actual administración su sueldo sobrepasaba la recomendación del Congreso, el cual afirmó redujo para tener un mejor manejo financiero, debido también a los problemas económicos que atraviesa Tulancingo, con deudas con empresas bancarias, la Comisión Federal de Electricidad y otros organismo que heredó el anterior gobierno.

“Observamos la recomendación que nos hizo el Congreso e inmediatamente cambiamos los tabuladores. Yo estaba excedido en tres mil pesos, hoy gano mil 500 pesos menos que lo que proponen los diputados, y ese es el sueldo máximo en la presidencia municipal. También hemos bajado los sueldos de otros servidores públicos, nos hemos quedado sin algunas áreas operativas, no tenemos, por ejemplo, Coordinación de Desarrollo Económico, ni de Desarrollo Institucional. Hemos, además, reducido 150 plazas”, expuso.

Tulancingo es, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el municipio más endeudado de Hidalgo. Hasta el 30 de septiembre de 2013 tenía un pasivo de 50 millones 575 mil pesos, por un préstamo que adquirió con Interacciones el 20 de abril de 2011 y que liquidará el 13 de octubre de 2023.

A este monto se suman 16 millones 662 mil 218 pesos que  autorizó el Congreso para la actualización de su catastro a través de Banobras.