Eventos trágicos tuvieron que suceder desde inicios del siglo XX para equilibrar la balanza entre los hombres y las mujeres, que permitieron el derecho al voto, la educación, ocupar puestos públicos, entre otros, indicó Myrna Elia García Barrera, directora general del Instituto de la Judicatura en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León.
En entrevista explicó que incluso el acceso de las mujeres a la justicia en México surgió a raíz de recomendaciones u observaciones emitidas por organismos internacionales al Gobierno Federal por casos de violencia de género.
Lamentó que estos cambios sucedan por tragedias que pudieron evitarse con el uso de lenguaje incluyente, una nueva cultura de masculinidad sensible al movimiento feminista, la erradicación de estereotipos y la aplicación de la justicia con perspectiva de género.
“Vamos a conmemorar el 8 de marzo y tenemos que incorporar a los hombres en la lucha por la igualdad de las mujeres, no es solo un asunto de mujeres es un asunto de derechos humanos.
“Estas fechas como el 8 de marzo y 25 de noviembre, que es la fecha para erradicar la violencia contra las mujeres, nos tienen que hacer reflexionar, nos tienen que hacer comprometernos a hacer un análisis en qué hemos avanzado y qué es lo que necesitamos”, comentó.
García Barrera recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia al Gobierno de México el 16 de noviembre de 2009 por el caso del Campo Algodonero, en donde se encontraron los cuerpos de tres menores de edad en un predio bautizado con el mismo nombre.
Posteriormente, Nuevo León firmó un pacto desde el 21 de noviembre de 2014 para introducir la perspectiva de género en los cinco tribunales del estado.
Después, el 23 de julio de 2015 la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CETFDCM o CEDAW por sus siglas en inglés) envió una recomendación número 33 a la federación con respecto al acceso de las mujeres a la justicia por la resolución del caso de Irene Cruz Zúñiga.
Situación que orilló a las autoridades a integrar la jurisprudencia 22 del 2016 (JURISPRUDENCIA 1a./J. 22/2016 10a.) que obliga a juzgar con perspectiva de género y garantiza condiciones de igualdad entre hombre y mujeres.
La directora general del Instituto de la Judicatura comentó que aunque los cambios a la ley no han sido inmediatos, han sido persistentes y confió en que paso a paso se alcanzará la equidad de género.
A detalle
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia al Gobierno de México por el caso del Campo Algodonero.
Nuevo León firmó un pacto desde 21 de noviembre del 2014 para introducir la perspectiva de género en los cinco tribunales del estado.
La CETFDCM envió una recomendación número 33 a la Federación con respecto al acceso de las mujeres a la justicia.
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