Habitantes de Coacalco exigen solución al problema del agua

Los inconformes expusieron que existe una denuncia en contra de Felipe Bazo Medina, por los malos manejos y el control en el suministro del vital líquido, protestaron también por la inseguridad.

Coacalco

Vecinos de los pueblos fundadores de esta localidad, San Lorenzo y La Magdalena Huizachitla, realizaron una marcha sobre la vía José López Portillo y se plantaron frente a la alcaldía para exigir solución a la problemática de esas comunidades, que incluye el control caciquil en la administración de los pozos de agua, la inseguridad pública y la ocupación de áreas de uso común por parte de comerciantes ambulantes.

Encabezados por Juan Carlos López, los inconformes expusieron que existe una denuncia en contra de Felipe Bazo Medina, administrador del agua, por los malos manejos y el control clientelar en el suministro del vital líquido.

Comentaron que en la Procuraduría de Justicia de la entidad están enterados de la carpeta de investigación 344790176712, una denuncia de hechos por esta situación pues Bazo Medina lleva 15 años al frente de la administración del sistema de agua, sin rendir cuentas a nadie.

Explicaron que el ayuntamiento encabezado por el alcalde, David Sánchez Isidoro ha intentado deslindarse de la situación cuando por ley le corresponde al ayuntamiento prestar ese servicio, esto mediante el organismo descentralizado de agua potable.

Mencionaron que César Monroy, sobrino del diputado local, Amador Monroy Estrada, del PRI, está protegiendo las irregularidades en torno a la dotación de agua potable a la comunidad.

Por otro lado, los manifestantes expusieron la grave situación en cuanto a la inseguridad, destacando que están debidamente detectados los asaltantes que operan amparados en el servicio de transporte público, como taxis, pero la policía no hace nada y en la dirección de Gobierno que encabeza Nora Luz Chávez, no se ha hecho una inspección a las bases de transportistas.

Finalmente, los quejosos expusieron que indebidamente se ha permitido la instalación de comercios en la vía pública y en espacios de uso común, afectando el tránsito y el paso de los vecinos.