Habilitan a jueces penales para la ejecución de penas

El cambio es mientras entran en vigor las modificaciones a la Ley de Ejecución de Penas, en enero de 2015. Medida subsana observaciones.
En los juzgados penales de Jalisco tienen exceso de trabajo.
En los juzgados penales de Jalisco tienen exceso de trabajo. (Milenio)

Guadalajara

Si los jueces de primera instancia en materia penal tienen exceso de trabajo, ahora además deberán conocer formalmente de los procesos de ejecución de penas. Actualmente hay alrededor de mil casos pendientes de resolver, dijo el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Héctor Pizano Ramos.

Lo anterior, luego de que ayer dicha comisión legislativa, ante la imposibilidad de Jalisco de nombrar a jueces especializados en ejecución de penas, por la falta de presupuesto, determinó habilitar a los jueces penales de primera instancia para que conozcan de esta materia.

Este planteamiento es parte de la respuesta que se da a las observaciones que hizo el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz a las reformas que se habían hecho a la Ley de Ejecución de Penas. En este tema, Jalisco es de los más rezagados e incluso de los más impugnados por la vía del amparo.

El presidente de la Comisión de Justicia, Héctor Pizano Ramos, explicó que esta medida permite subsanar las observaciones que hizo el gobernador, sobre los artículos transitorios que marcaban el plazo de entrada en vigor de la ley.

De esta forma, los diputados determinan que sean los jueces de primera instancia quienes resuelvan sobre beneficios de libertad a los que tienen derechos quienes ya fueron sentenciados por la comisión de algún delito.

Según la legislación local vigente, el conocimiento de la ejecución de penas es del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en la reforma penal federal esa atribución ya es del Poder Judicial. Este desajuste provocó que en los procesos que se siguen en la entidad ya se reclamara la intervención de jueces.

Los diputados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Pizano Ramos y Joaquín Portilla Wolff presentaron en junio del año pasado una iniciativa para reformar la Ley de Ejecución de Penas, la cual se aprobó el 19 de septiembre.

En esta, se prevé la creación de juzgados y tribunales de ejecución de penas, pero planteaban su funcionamiento a partir de enero de este año. El gobernador Aristóteles Sandoval “vetó” la reforma el primero de octubre del año pasado, con el argumento de que no había condiciones para el cambio. De esta forma, se aceptan las observaciones y se plantea que se haga efectiva hasta enero de 2015.

Por ello, para evitar entrar en contradicción con la legislación federal, se determinó que mientras se crean los nuevos juzgados, serán los penales de primera instancia los que desahogarán estos procedimientos, tal y como ha sucedido con el narcomenudeo.