Guanajuato en riesgo de perder reconocimiento de la UNESCO

Son varias las ciudades de México que podrían perder su reconocimiento, porque han equivocado sus planes de manejo y políticas de conservación y preservación de la belleza arquitectónica.
Guanajuato capital firmará convenio con Unesco.
Guanajuato podría perder su reconocimiento como patrimonio de la humanidad. (Archivo)

León, Gto.

Guanajuato es una de las siete ciudades declaradas patrimonio de la humanidad que están en riesgo de perder este carácter decretado por la UNESCO, reconoció la presidenta del Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), Olga Orive Belinguer.

En la misma situación se encuentran Campeche, Tlacotalpan, Veracruz; Puebla,  Distrito Federal, Zacatecas y  Nayarit, que según la especialista se han convertido en ciudades “fantasma, vacías y con grandes cinturones de miseria”, porque han  equivocado sus planes de manejo y  políticas de conservación y preservación de la belleza arquitectónica.

Olga Orive, participó en los eventos previos a la inauguración del XII Congreso Internacional de Ciudades Patrimonio y manifestó que en estas ciudades se detectaron algunas alteraciones y pérdida del sentido de sustentabilidad e integral de las políticas públicas de conservación y preservación del patrimonio material e inmaterial, por la aplicación de acciones orientadas  a generar turismo.

Por lo que se tiene que reorientar la visión de las políticas públicas de México en materia de rescate y conservación de su patrimonio,  fomentando el desarrollo  integral del territorio, sumando a tales acciones la amplia participación activa de la sociedad.

Afirmó que ninguna ciudad patrimonio estaría catalogada como patrimonio histórico de la humanidad,  solo con sus piedras, sin tomar en cuenta a su gente, sus tradiciones y costumbres, advirtiendo que urge modificar y humanizar las políticas públicas de conservación que ejercen algunos gobiernos locales y en particular el Instituto Nacional de Antropología e Historia y  la Secretaría de Turismo federal.

Puso como ejemplo de perversiones del patrimonio el caso de Campeche, donde se está invirtiendo dinero que no se tiene para reconstruir  una muralla mientras la gente padece de hambre y carece de los servicios básicos indispensables, de vivienda y de trabajo o Tlacoltapan, Veracruz, donde el Alcalde en funciones ha pavimentado mal y hasta tres veces el mismo tramo de su espacio protegido, a costa de dejar al resto de los ciudadanos que habitan en dicho municipio en la indefensión.

En el caso de Guanajuato, afirmó, hubo un Gobernador que quiso trastocar un sitio santuario a costa de generar más turismo con una carretera lo que conllevó a que se armara una revuelta en su contra. Tal es el caso de la autopista Guanajuato-San Miguel de Allende, -dicho proceso de licitación está detenido-.

También mencionó la política de sacar de los centros históricos a las universidades, lo que en la totalidad de casos,  provocó que murieran las mismas ciudades, o las acciones agresivas para trasformar el entorno cultural con el moderno como sucede en  Villa Flora, Puebla.

Otros mal interpretaciones son el hecho de destruir patrimonio cultural para generar complejos habitacionales modernos como ocurrió en Atotonilco, Morelos,  donde se invadió una zona arqueológica o el conflicto social que se generó en el cerro  sagrado de Wirikuta, donde se licitó  la explotación de una mina.

De la misma forma, agregó las acciones de remodelación que se hicieron a la zona hexagonal de palcos del Palacio de Bellas Artes que causó que perdiera la acústica natural.

Pero la crítica más fuerte la vertió al programa de creación de los llamados Pueblos Mágicos, “que bien deben ser catalogados como pueblos trágicos”, sostuvo, porque se busca quitar la autenticidad a una comunidad indígena para transformarla en un espacio falso y artificial con vocación comercial.

Mencionó  la urgencia de adecuar el marco legal federal para estar al día con los instrumentos internacionales,  buscando declarar,  por un lado en la misma Constitución General de la República el derecho al patrimonio cultural, a fin de definir nuevas categorías de espacio de conservación.