Gobierno se queja por fallo favorable para los huicholes

Herencia del gobierno anterior, la Administración estatal negocia daños carreteros con los indígenas, pero interpone queja ante la justicia federal.

Guadalajara

El gobierno de Jalisco interpuso un recurso de queja contra la ejecución de la sentencia emitida en el juicio de amparo 596/2008 por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, que lo condena a reparar los daños ocasionados en 2007 y 2008 contra bienes de la comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), durante la construcción ilegal de la carretera Bolaños-Huejuquilla, en que se falsificó la anuencia de los comuneros.

La acción judicial se presentó el pasado 8 de octubre ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Distrito en materia Administrativa, luego de que el citado juzgado emitiera la sentencia para la ejecución de la reparación del daño, con fecha 19 de septiembre de 2013.

De forma paralela, bajo la conducción del secretario general de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez, y del director de Asuntos Agrarios, Vladimir Avilés Márquez, se han realizado acercamientos con la comunidad aborigen de la Sierra Madre Occidental para negociar las reparaciones, pero hasta ahora, no hay acuerdos en el tema, informó Carlos Chávez Reyes, presidente de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), que asesora a los indígenas.

La sentencia del amparo se emitió desde 2012, pero lo que se determinó en septiembre pasado fue el modo de reparar el daño por la obras.

Así, se condena al gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano (hoy Secretaría de Infraestructura y Obra Pública), a los siguientes trabajos: “Restablecer el camino original, y en el supuesto de que existan obras que fueron realizadas —que a la fecha quedaron inconclusas—, deberán derribarse; realizar labores de reforestación en una zona de 31-89-90 hectáreas, utilizando la vegetación prevaleciente en la zona, así como su mantenimiento; realizar obras de infraestructura necesaria para conducir y encausar de manera adecuada los escurrimientos que se atraviesan en el camino; realizar las acciones de búsqueda y localización de los monolitos [piedras], que se situaban en el Paso del Oso, a fin de que se pueda recuperar las condiciones en que se encontraba ese sitio sagrado”, detalló el asesor.

También “se determinó que existen cosas que no pueden volver a su estado original y se ordenó la indemnización sobre los siguientes rubros: extracción material pétreo sobre 95 mil metros cúbicos [m3] de material extraído; tala inmoderada de un total de 1,388 m3 de madera en rollo [802.80 m3 madera comercial] de pino y 534 m3 en rollo [330.40 m3 madera comercial) de encino; el cambio de los patrones hidrológicos y la erosión de cinco millones 800,288.60 toneladas de suelo”.

Según el juez, no procede el pago a la comunidad en aspectos como la reparación de viviendas, “porque no quedó demostrado de quién era ni hay pruebas al respecto; gastos por servicios mecánicos a vehículos y camión comunitario; costos por movimiento de autoridades; pago por trabajo de personas para restaurar el tramo carretero”.

Es la ejecución de sentencia que ha sido impugnada. Los wixáricas se niegan a negociar en términos menores a los de este triunfo judicial, pero el gobierno de Jalisco insiste en lograr un entendimiento al margen de lo determinado por la autoridad judicial.

Detalles

La historia comienza en noviembre de 2007, cuando una asamblea comunal acuerda el rechazo a las obras que ya realizaba la Sedeur en tierras de Tuapurie. En febrero de 2008, los afectados establecieron un plantón permanente en el paraje conocido como la Ciénega de los Caballos, y detuvieron las obras. En ese contexto, la Sedeur mostró actas de asamblea donde se demostraría que los indígenas habían votado a favor de la carretera, pero se trataba de un documento elaborado en las oficinas de la dependencia con firmas de la autoridad comunal; pero se le anexaron firmas de asistencia (ver nota anexa).

Eso llevó a reclamar justicia por dos vías: el juicio de amparo y una denuncia penal. En el primer caso, fue hasta el 4 de junio de 2011 que el Tercer Juzgado Auxiliar de Culiacán, que apoyó al juez primero de Guadalajara para aliviar la carga procesal, “emitió sentencia mediante la cual amparó y protegió a la comunidad para el efecto que la Sedeur cancelara efectivamente la carretera en tanto no consultara a la comunidad; así mismo estableció que no se considerará cumplida la sentencia en tanto no regrese todo al estado en el que estaba antes de la violación”, señala el asesor de AJAGI.

El 31 de enero de 2012 quedó firme la sentencia. 20 meses después se determinó cómo será ejecutada. Pero el responsable no quiere afrontar esos daños.