Gobierno baja presupuesto al TSJ; Carlos Arenas calla

En contraste con su furiosa irrupción en el Poder Legislativo el mes pasado, el presidente del Tribunal demoró 5 semanas en informar al Pleno del Consejo de la Judicatura sobre el recorte.

Monterrey

El Gobierno del Estado le descontó al Poder Judicial 110 millones de pesos del presupuesto asignado por el Congreso para el ejercicio del presente año, sin que mediara reclamo alguno del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Emilio Arenas Bátiz.

En contraste con su furiosa irrupción en la sesión del Pleno del Poder Legislativo el pasado 25 de abril, cuando los diputados votaban la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar dos magistrados, el titular del TSJ demoró cinco semanas en informar al Pleno del Consejo de la Judicatura sobre el recorte de recursos.

Según consta en el acta del Pleno 16/2016 del Consejo de la Judicatura correspondiente a la sesión del 26 de abril, un día después de su arrebato en el Congreso, los consejeros del máximo órgano de justicia estatal le cuestionaron a Arenas Bátiz su retraso y su pasividad para defender el recorte que les notificó la Tesorería del Estado, por encima del presupuesto aprobado por el Poder Legislativo.

El consejero Juan Pablo Raigosa Treviño, se lee en el acta que aparece en el portal de transparencia del Poder Judicial, puso el tema sobre la mesa, al recordar que en la sesión anterior, el presidente Arenas Bátiz comunicó el contenido del oficio SSE-022/2016 enviado por el subsecretario de Egresos de la Tesorería del Estado.

En el documento le notificaron al titular del Poder Judicial que por órdenes del gobernador Jaime Rodríguez les reducirían el presupuesto en 6.2 por ciento, por lo cual deberían tomar las medidas de ajuste necesarias para la baja en las percepciones del presente año.

Con el anuncio que les hizo la Tesorería, los fondos por mil 780 millones de pesos aprobados en el Presupuesto de Egresos de 2016 por el Congreso del Estado para la operación del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, sufrieron una merma aproximada del 6.2 por ciento.

“Sigue afirmando (Raigosa Treviño en el acta de la sesión) que la decisión tomada por el Poder Ejecutivo es grave, por lo siguiente: en primer lugar, porque pasaron cinco semanas de la recepción de dicho oficio, para que a este órgano colegiado se le diera cuenta de la reducción presupuestal citada.

“Luego, detalla que el Poder Ejecutivo, sin facultades para ello y sin consultar previamente a este órgano colegiado, pretende reducir el presupuesto de la institución en (…) un monto aproximado a los 110 millones de pesos”.

Fuentes del Poder Judicial consultadas, señalaron que contaban con 30 días para interponer una controversia constitucional en contra de la decisión unilateral del gobernador para recortar el presupuesto, pero extrañamente el presidente del Tribunal Superior de Justicia dejó transcurrir cinco semanas para notificar al Pleno del Consejo de la Judicatura.

En contraste con sus reclamos del mes pasado al Congreso local, en la misma acta del 26 de abril se lee que propuso entablar un diálogo con el Poder Ejecutivo a través del secretario de Finanzas para tratar de atemperar el recorte de fondos.