Coahuila podrá quedarse con bienes de criminales

El procurador del Estado, explicó que la derogación de la ley de extinción de dominio sólo se aplica a la fracción V del artículo 9, que es el relativo a la facilitación delictiva.
Procurador de Coahuila, Homero Ramos Gloria.
Procurador de Coahuila, Homero Ramos Gloria. (Milenio Digital)

Saltillo, Coahuila

El procurador de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria, aseguró que Coahuila podrá conservar los bienes incautados a la delincuencia organizada, ya que con la derogación de la fracción V del artículo 9 de la Ley Estatal de Extinción de Dominio no se afecta el procedimiento legal.

La derogación de la ley de extinción de dominio sólo se aplica a la fracción V del artículo 9, que es el relativo a la facilitación delictiva.

Explicó que con la derogación solamente de una fracción del artículo 9, la facultad jurídica que tiene la ley de extinción de dominio de Coahuila se mantiene subsistente.

“Por lo que es evidente que sí podemos hacer procedimientos en los cuales, bajo alguna figura jurídica, logremos tener en consideración los bienes o asegurar los bienes que tengan relación con la delincuencia organizada, salvo los de facilitación delictiva”, puntualizó Ramos Gloria.

La Procuraduría General de la República demandó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar inconstitucional el artículo 9, fracción V, de la Ley de Extinción de Dominio de Coahuila, mediante el cual se preveía iniciar el proceso de extinción, cuando se acredite el delito de facilitación delictiva, previsto en el artículo 280 Bis del Código Penal local.

El procurador de Justicia mencionó que la fracción V, del artículo 9 de esta ley, relativo a los bienes considerados como facilitación delictiva, es lo único que se deroga, por lo que el apartado se conserva con sus otros considerandos.

“Es posible que Coahuila pueda conservar los bienes incautados de la delincuencia organizada pue sólo se derogó una fracción, sin embargo todo el proceso queda igual, este no fue invalidado”, reiteró.

El pleno de la SCJN determinó que el Congreso del Estado puede legislar en la materia, pero no en delincuencia organizada, pues consideran que algunos aspectos de la extinción de dominio sólo competen al Congreso de la Unión.

La extinción de dominio de acuerdo con la ley, es la pérdida de los derechos de propiedad sobre los bienes, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño, ni para quien se ostente o comporte como tal.

"Logremos tener en consideración los bienes o asegurar los bienes que tengan relación con la delincuencia organizada, salvo los de facilitación delictiva”, puntualizó Ramos Gloria.

La sentencia en la que se declare tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado.

La PGR expuso que este artículo de la constitución estatal vulnera el artículo 22 de la Constitución federal, dado que limita la procedencia de la acción de extinción de dominio a los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.

El fallo derivó de dos acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).